Los tribunales superiores critican la sobrecarga de los juzgados de violencia
Detectan "serias disfunciones" por el "inabarcable" exceso de trabajo
Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia han expresado unánimemente su preocupación por la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer, en los que la "tónica general" es la de "serias disfunciones" motivadas por "una carga de trabajo inabarcable" que se traduce en prolongaciones de la jornada laboral, suspensión de diligencias y "un desgaste personal de los jueces y funcionarios que aboca a su desánimo".
Según la declaración institucional facilitada por los presidentes de Tribunales Superiores tras tres días de reuniones en Valencia, los juzgados que no se dedican con exclusividad a la violencia sobre la mujer también tienen dificultades para compatibilizar la atención de los asuntos de esa naturaleza con los restantes, que originan retrasos en la tramitación de otras causas.
Tales problemas derivan, según el documento, de la necesaria intervención en estos procesos de diversos profesionales, "con las dificultades que conlleva compaginar la actuación de todos ellos".
Ante ese panorama, los presidentes de Tribunales Superiores sugieren que en algunos casos bastaría un incremento de plantilla, si bien la solución más adecuada pasa por acudir a una comarcalización de ese tipo de juzgados, "de forma que se creen nuevos juzgados exclusivos con circunscripción comarcal que abarquen a varios partidos judiciales". Como premisa esencial, la entrada de asuntos debería cifrarse como máximo entre 700 y 800 procedimientos penales al año con sus consiguientes derivados civiles.
Sin perjuicio de reconocer que algunos de estos juzgados están funcionando adecuadamente, los presidentes de TSJ apuntan también que deberían estar dotados con fiscales y abogados de oficio propios y con un funcionariado específicamente preparado.
Inmigración
En otro apartado llaman la atención sobre el aumento de matrimonios de conveniencia en el ámbito de la inmigración, como medio para obtener la nacionalidad española. Para hacer frente a este "acuciante" fenómeno, y proponen especializar aquellos registros civiles en los que las inscripciones de nacionalidad y los matrimonios se multiplican. Los magistrados muestran su preocupación por el incremento de problemas "jurídicos, humanos y morales" que supone la inmigración y piden la modernización de los Registros Civiles. En paralelo con esta petición, el Ministerio de Justicia anunció esta semana la puesta en marcha de un proyecto de informatización de los registros civiles y los juzgados de paz con un presupuesto de 129 millones de euros.
Los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia reclaman asimismo la creación de "jueces volantes" dentro de la propia carrera para cubrir transitoriamente vacantes, licencias o permisos. En especial, llaman la atención sobre la necesidad de conciliar la vida familiar y profesional de las mujeres incorporadas a la carrera para que en determinados momentos los jueces de uno y otro sexo puedan reducir la actividad judicial sin merma para el servicio.
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