El reto de la dependencia

Europa, y dentro de ella España, es la región del mundo más envejecida. Según las previsiones de Naciones Unidas, a mediados del presente siglo España será el país más viejo del mundo. Una sociedad de viejos es el resultado exitoso de los logros conseguidos de manera progresiva en los dos últimos siglos en cuanto a las condiciones de vida y trabajo de las personas en los países industrializados. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos que han propiciado esas condiciones proporcionan medidas preventivas de enfermedades infecciosas que antes eran mortales y contribuyen también a reparar o paliar los daños en la salud de las personas que no han podido ser prevenidos. Las sociedades envejecidas son las sociedades avanzadas, y aunque hasta hace muy poco se haya visto ese hecho como un grave problema que condicionaría el desarrollo futuro, se tiende ya a verlo más como un desafío que se presenta a la Humanidad -nuevo, pero uno más, al que debemos enfrentarnos con inteligencia-, una vez que se han superado las situaciones de pobreza y hambrunas, de epidemias mortales y de guerras continuadas que ha formado siempre parte de nuestra historia. (Es cierto, que esos problemas todavía no han sido superados en otras zonas del planeta donde no ha tenido lugar el desarrollo industrial o se está comenzando).

Las desigualdades existentes en el ejercicio de ciertos derechos ya han llamado la atención del Consejo de Europa

Los viejos de mañana son los jóvenes de hoy y dependerán de nosotros (individual y socialmente) las vejeces que tendremos

Las personas de 80 y más años es el grupo de edad que crece a mayor ritmo. Es más, el número de personas centenarias se está acrecentando progresivamente en todo el mundo. Incluso las que se denominan supercentenarias, que son aquellas que alcanzan o superan los 110 años de edad, se están incrementando en el mundo desde los años setenta. En tres décadas, su número ha aumentado cinco o seis veces. Y puede añadirse algo más; en unos veinte años, la edad máxima alcanzada por los seres humanos se ha elevado de 112 a 122 años. Aunque la mayor parte de las personas mayores pueden tener una o más enfermedades crónicas, éstas no les impiden desarrollar con normalidad las actividades de la vida cotidiana en esa etapa. Sin embargo, con la edad avanzada la probabilidad de sufrir enfermedades crónicas y minusvalías se acentúa. Mantener y prolongar la independencia, o al menos retrasar la dependencia lo máximo posible, es una meta social que se intenta lograr.

En el caso de España ha sido publicado el proyecto de Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, iniciativa muy esperada por la sociedad, ante la que el acuerdo también de los diversos partidos políticos es máximo y que llevaban en sus programas. Es un proyecto que, como se sabe, no está dirigido únicamente a las personas ancianas y que pretende mejorar las condiciones de vida de quienes, por sus condiciones de vulnerabilidad, necesitan de otras personas para desarrollar las actividades de la vida cotidiana, y que puedan ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. La Administración General del Estado deberá, según se señala en el artículo 1.1, "garantizar la existencia de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional".

Los principios que guían ese proyecto son admirables, porque hacen referencia a la universalidad, el carácter público de las ayudas, las condiciones de igualdad, la atención integral e integrada, las medidas de prevención, de rehabilitación, de participación de los usuarios, así como la calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad del Sistema Nacional de Dependencia (SND). Se prevé la atención directa con servicios a las personas que la precisen, así como ayudas económicas en los casos en que no puedan proporcionarse esos servicios, siempre según unos criterios determinados, y se establece genéricamente la participación económica de la Administración General del Estado (AGE) y de las Comunidades Autónomas (CC AA).

La lectura del proyecto suscita algunas preguntas y reflexiones. Se entiende que los convenios que se establezcan dentro del Consejo Territorial del SND entre la AGE y las administraciones de las CC AA determinarán los baremos para la valoración del nivel de dependencia, establecerán los criterios que dirigirán la participación de los beneficiarios en las prestaciones, así como los criterios de actuación y de evaluación del sistema. Sin embargo, de hecho, podrán ser desiguales las prestaciones que se reciban por personas con el mismo nivel o grado de dependencia y condiciones familiares y económicas. Dependerá de las mejoras que las CC AA puedan o quieran realizar, o no, sobre los niveles de protección acordados.

Esa realidad social de desigualdad interterritorial no entra en contradicción con el principio de igualdad de la ley según el artículo 1.1, pues en el artículo 7 se establece la posibilidad de que ese mínimo sea incrementado por las distintas CC AA. Pero, ¿no entrará esto en contradicción con el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles ante la ley? Además, y porque no estamos solos y debemos mantener unos compromisos por nuestra pertenencia a la Unión Europea, ¿se aceptará que una persona de otro país de la Unión que cumpla los requisitos expuestos en el artículo 5.1 c, reciba prestaciones desiguales si reside en una u otra comunidad autónoma? Las situaciones de desigualdad existentes actualmente en España en el ejercicio de ciertos derechos, derivadas de las peculiaridades de nuestro modelo de descentralización, ya han llamado la atención del Consejo de Europa. En esa misma línea, la desigualdad también afectará a las personas que cambien de residencia dentro del territorio nacional.

Otras cuestiones suscitan preocupación o decepción. Es el caso de la participación de los usuarios o sus familias. En el Consejo Territorial del SND únicamente participan el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Consejerías correspondientes de la CC AA, entiendo que por tratarse "de un instrumento de cooperación para la articulación del Sistema" (artículo 8.1). Por otro lado, en el Comité Consultivo del SND, que constituye el órgano asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, participan las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. ¿Dónde queda la participación en este organismo de las asociaciones de personas mayores y con discapacidad? Ellas no tienen cabida en ese organismo. En el artículo 40 se establece que "el Consejo Estatal de Personas Mayores y el Consejo Nacional de la Discapacidad tienen la naturaleza de órganos consultivos de la Administración General del Estado, con las funciones de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento del Sistema". Es decir, como algunas asociaciones de personas mayores han puesto de manifiesto, se les deja el papel de asesores de los asesores. Por otra parte, la participación de los entes locales y su financiación, siendo los ayuntamientos quienes proveen ya los servicios sociales, queda descuidada.

Los aspectos relativos a la prevención se desarrollan brevemente en el artículo 21. Casi se pasa de puntillas. Se menciona el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud, entre otras cosas, y se establece la elaboración por el Consejo Territorial del SND de un Plan de Prevención de las Situaciones de Dependencia. En España se lleva al menos dos décadas debatiendo y discutiendo sobre "lo sociosanitario", pero no hay actuaciones todavía. Es, pues, hora de poner manos a la obra con seriedad.

Por otro lado, siendo fundamentales los aspectos relativos a la prevención, entiendo que dicho concepto necesitaría ser definido claramente. En principio, puede decirse que la prevención y las medidas preventivas deben aplicarse desde antes del nacimiento de la persona, mediante la atención sanitaria maternal como se hace normalmente, y la vida saludable de quienes van a ser padres y madres. Todo ello implica la atención a las condiciones laborales y de vida en general y la educación en hábitos saludables en todas las personas, en especial en la infancia y la juventud.

Dos ejemplos muy simples. Las personas que trabajan en un ambiente demasiado ruidoso sin tomar las medidas preventivas oportunas, como a simple vista se detecta en cualquier obra pública, serán unos sordos prematuros ("personas con discapacidad auditiva"). También las que se divierten con el volumen máximo de la música. Las personas que ahora abusan de manera regular del alcohol y las drogas -triste récord que ostentamos entre la juventud europea- serán unos viejos prematuros, con su sistema neuronal deteriorado que requerirá jubilaciones tempranas y tratamientos sanitarios y sociales que, sin duda, serán costosos económicamente.

Los viejos de mañana son los jóvenes de hoy, y de nosotros -individual y socialmente- dependerá las vejeces que tendremos. La prevención, pues, es tarea de largo recorrido que implica a todo el mundo. Sugiero por ello que, además de la necesidad de pensar en un "sistema integrado" de medidas preventivas generales -la ley del tabaco va en esa dirección en buena medida-, a efectos de la ley de promoción de la autonomía personal, quizá el concepto deba definirse expresamente para determinar las medidas que deben tomarse en el contexto de la ley.

Podrían hacerse más comentarios, pero termino resaltando la necesidad de que, a la hora de la tramitación de la ley y luego en su desarrollo, los políticos tengan una perspectiva amplia y acorde a su rol de representantes públicos. Para evitar el enfrentamiento y buscar sincera y rápidamente la cooperación, estableciendo asimismo procedimientos para compartir siempre las experiencias y tratar entre todos de mejorar el funcionamiento del Sistema. Todo ello en beneficio de los ciudadanos, que son los que les pagan.

María Teresa Bazo es catedrática de Sociología de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).