Diez detenidos por fraude al adjudicar obras en la Diputación de Lugo

El jefe del negociado de Vías y Obras de la Diputación de Lugo, Alberto Fernández Pereira; el que había sido su número 2, José Manuel Romay, ya jubilado, y un delineante de este servicio, José Antonio Lázare, fueron detenidos ayer acusados de supuesto fraude en la adjudicación de obras. En la operación, dirigida por el fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús Izaguirre, fueron detenidas otras siete personas, entre ellas las esposas de los funcionarios, que tenían a su nombre una empresa, Senén Prieto Ingeniería, SL, que acaparaba las obras de la institución.

Izaguirre llegó al mediodía de ayer al Palacio de San Marcos, sede de la Diputación, acompañado de media docena de agentes que rodeaban a Alberto Fernández Pereira. El funcionario había sido detenido por la mañana en su casa y fue trasladado esposado hasta su lugar de trabajo, lo que ocasionó sorpresa y protestas entre sus compañeros. Tras recoger numerosa documentación, la policía precintó el despacho del responsable de Vías y Obras. Antes, la policía judicial había detenido a Romay López, a su esposa Victoria Díaz Jiméndez, y a Ángeles Prieto Díaz (esposa de Fernández Pereira).

Las dos mujeres eran accionistas de la empresa de ingeniería, cuyo administrador único era Jesús Fernández Álvarez, también detenido. El séptimo detenido, José Enrique Cacicedo, estaba vinculado laboralmente a la empresa. De la sede de Senén Prieto, la policía se llevó seis grandes cajas llenas de documentos. La consultoría de ingeniería no fue la única sociedad registrada. Sobre las seis de la tarde, la policía judicial dirigida por Izaguirre intervino un empresa de señalización de tráfico, Reboleira y Setramur, al tiempo que anunciaba que continuarían los registros.

Las mismas fuentes aseguran que las investigaciones se iniciaron a raíz de quejas del sector por el práctico monopolio de Senén Prieto en la adjudicación de proyectos de la Diputación, la mayor contratista de obra civil de pequeña y mediana dimensión de la provincia. El grupo del PSdeG-PSOE en la corporación recordó, sin embargo, que hace año y medio había denunciado en los medios de comunicación la presunta connivencia, "desde hace 20 años" de la institución provincial con Senén Prieto S.L., en cuyo accionariado participaban funcionarios provinciales.

El portavoz del PSdeG, Manuel Martínez, recordó ayer que habían apuntado "la grave incompatibilidad de las adjudicaciones, que el presidente [Francisco Cacharro, del PP] resuelve por decreto". El grupo del BNG señaló ayer que la consultoría y otras empresas relacionadas se encargaban de elaborar ofertas ficticias cuando era preceptivo presentar al menos tres para acudir a un concurso público o restringido.

Francisco Cacharro, presidente provincial desde hace 23 años, también se apuntó al origen político de la operación judicial. "No voy a hablar del asunto. No sé nada. Pregúntenle ustedes a la oficina del fiscal, o a la sede del PSOE, que les dirán lo mismo", repuso ayer cuando los periodistas le preguntaron por el asunto cuando salía de una reunión en la Consejería de Sanidad, en Santiago. Cacharro, de hecho, se había quejado recientemente del acoso del fiscal, una vez que el senador de este partido por Lugo César Aja fue absuelto de la acusación de haber hecho regalos privados con dinero público.

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señaló ayer el respeto de su partido a las decisiones judiciales, "como hemos demostrado con aquella que afectó a dos militantes nuestros de Madrid en el caso Bono", y rehusó comentar actuaciones judiciales "en las que están implicados funcionarios". Los detenidos pasarán hoy a disposición judicial.