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Los directores de instituto diseñan un plan que corrija el déficit de gastos de funcionamiento

Un estudio oficial asume que en un lustro el desfase entre ingresos y pagos alcanza el 40%

"No se puede seguir gestionando la miseria", aventuraron hace un año los directores de secundaria. El mensaje fue captado, en parte, por la Consejería de Educación, que en septiembre inyectó un 17,17% más al presupuesto global ordinario de los institutos. Ello, no obstante, no ha resuelto el problema de fondo. El desfase acumulado entre los ingresos que reciben y el aumento del precio de los gastos en un lustro supera el diferencial del 40%, según coinciden dos estudios por separado de la consejería y de la Asociación de Directores del Pais Valencià. En base a este "escenario compartido", por primera vez, los directores trabajan en un plan plurianual que corrija el déficit acumulado por un modelo que tiene 20 años.

En febrero de 2005, un "hecho puntual" como fue el corte de suministro eléctrico del instituto Lluís Vives de Valencia por impago de la factura a Iberdrola en pleno invierno, "puso sobre la mesa el déficit económico que arrastran los centros de secundaria valencianos, desde hace al menos un lustro", explica Jesús Herreros, director del IES de Picanya, y secretario de la Asociación de Directores de Instituto del Pais Valencià, que se constituyó oficialmente por aquellas fechas.

El modelo de financiación, además, "se ve agravado por el sistema de pago aplazado a cuatrimestre vencido", que obliga desde hace años a los directores a tener que "sustraer dinero de las partidas previstas inicialmente para material didáctico, fotocopias, libros o material informático para poder pagar la luz, el agua, la calefacción y el teléfono", imprescindibles para abrir cada día las puertas de un instituto.

La crisis de febrero del año pasado supuso "un punto de inflexión" para la consejería, debido a la dimensión que tomó el caso tras las protestas del profesorado y los estudiantes, y las federaciones de padres y los sindicatos. Educación reconoció entonces que el modelo de financiación actual (basado fundamentalmente en el número de alumnos y ciertos pluses por nocturnidad o dobles turnos) no resuelve las carencias de los centros. Por ejemplo, la factura trimestral del gasóleo empleado para la calefacción en un invierno duro en el instituto de la comarca de La Vall d'Albaida se dispara (con los precios del petróleo por las nubes) a 11.000 euros.

El modelo tampoco sirve para centros pequeños, sobre todo en comarcas rurales con menos alumnos (y, por tanto, menos subvención) pero donde la factura de teléfono, Internet o electricidad y calefacción supone nuevos gastos computados con viejos criterios de asignación, ejemplifica Jesús Herrero.

Con todo -y pese a que los centros siguen cobrando a cuatrimestre vencido, cuando Educación se comprometió a acabar con ese vicio- el principal desencuentro de los directores con la Administración educativa reside desde hace muchos años en la forma de computar los incrementos anuales del presupuesto que tiene el PP. Mientras la consejería ha insistido año con año en que sus incrementos hasta duplicaban el IPC anual, los directores sostienen desde hace al menos cinco años que el aumento de los precios de los gastos ordinarios que tienen les ha llevado a acumular pérdidas de poder adquisitivo reales que alcanzan el 41,51%.

El punto de partida para el encuentro entre la Asociación de Directores del País Valencià y la Consejería de Educación, ha sido la asunción reciente por parte de la Administración valenciana de que "los directores no son unos demagogos", precisa Herrero, "y las cifras de pérdida de poder adquisitivo son reales".

De hecho, el estudio oficial encargado por la consejería confirma técnicamente que el déficit acumulado roza el 40%. Este giro, ha servido de base para que la Asociación de Directores ponga sobre la mesa de Educación el trabajo que lleva diseñando desde hace un año, con simulaciones muy concretas para evitar que ningún centro pierda con el nuevo modelo. Con todo, puntualiza Herreros, "el punto de partida" pasa por que Educación asuma que "para ponerse al día, sería necesario un incremento de la partida actual de financiación del 40%".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de mayo de 2006