El juicio del 'caso amianto' arranca ocho años después de la denuncia de los trabajadores

El juicio del caso amianto - síndrome laboral por inhalación de polvo de amianto- comenzó ayer, ocho año después de que ocho operarios de la extinta Fibrocementos de Levante, del grupo Uralita, presentara una denuncia contra la empresa por un delito contra la seguridad de los trabajadores. El fiscal pide tres años para cada uno de los cuatro procesados por la muerte de 8 obreros y 29 enfermos graves. La vista oral arrancó con la declaración del acusado, Carmelo Blay, jefe de personal, que declinó cualquier responsabilidad en los controles médicos.

La vista oral por el caso del amianto -muerte de ocho operarios de la extinta fábrica Fibrocementos de Levante, radicada en Sant Vicent del Raspeig (L'Alacantí) y 29 trabajadores enfermos graves- comenzó ayer en el Juzgado de Lo Penal número 3 de Alicante, ocho años después del inicio de la instrucción de sumario. La denuncia la instó un grupo de ocho ex operarios todos enfermos de asbestosis -afección pulmonar por la inhalación de polvo de amianto- en mayo de 1998 contra la dirección de la empresa por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Los hechos ocurrieron entre los años 1950 y 2003, periodo de actividad de la fábrica. El fiscal Juan Carlos López Coig ha sentado en el banquillo de los acusados a dos directivos de la empresa, José Pérez Domené, actual director de recursos humanos del grupo Uralita y jefe de personal de Fibrocementos hasta 1984, y Carmelo Blay, jefe de personal de la factoría de Sant Vicent entre 1990 y 1996; y junto a ellos, dos médicos de empresa, los facultativos Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia Romero. El fiscal pide para cada uno de los cuatro procesados tres años de cárcel por un delito contra la seguridad de los trabajadores, 8 delitos de homicidio por imprudencia y 29 de lesiones. El ministerio público solicita una indemnización inicial de 240.000 euros por cada muerte e igual cantidad para cada uno de los 29 ex trabajadores graves. El fiscal basa el grueso de su acusación en que no se realizaron los preceptivos reconocimientos médicos o, bien, que "estos se efectuaron de manera negligente y, además, se ocultó información a los operarios".

La primera sesión de la vista oral, cuyas sesiones se prolongarán hasta el próximo 5 de julio, arrancó con el rechazó del fiscal y la acusación particular a las cuestiones previas de las defensas (nulidad parcial de las actuaciones por prescripción e indefensión y vulneración de los derechos fundamentales de los acusados). El juez, el magistrado Santiago Hoyos, acordó resolver esas cuestiones en sentencia.

Tras ese acto preliminar, se inició la vista con la declaración del primer acusado, Carmelo Blay. Este negó que ejerciera las funciones de jefe de personal de la fábrica entre 1990 y 1996, como sostiene el fiscal y declinó cualquier responsabilidad en los controles médicos y medioambientales de la fábrica. El testimonio del acusado contrasta con un acta de la Inspección de Trabajo en que se mencionada a Carmelo Blay como jefe de personal de la industria.