Dos años de onda expansiva

Hace casi dos años, la mañana del 26 de mayo de 2004, una explosión de gas destripó el edificio de la calle de Calvo Asensio, número 13, y dio inicio el calvario de 19 vecinos de Chamberí. Los escombros cayeron sobre la cuna de la hija pequeña, aún bebé, de Maite Rodríguez; también sobre la habitación de Manfred Freund, que fue despertado por el estruendo y por los gritos de sus vecinos: "¡Hay que salir!". No le dio tiempo a María Ángeles González Usero, que hoy cuenta 84 años y esa mañana estaba a punto de salir a comprar leche. "La puerta se atascó, y eso me salvó. Cuando por fin la abrí, di un paso y sonó ¡¡brumm!!". María Ángeles pasó ocho días en el hospital: el susto le provocó un infarto minutos después de la explosión.

La indemnización no llega y los residentes han tenido que endeudarse para pagar las obras

El suceso fue recogido por televisiones y periódicos. No hubo muertos, aunque sí dos heridos. Pero las llamas mediáticas se apagaron pronto, y a ellos, los vecinos, les quedó lo que vino después: una onda expansiva que dura dos años y amenaza con llevarlos a la ruina.

La historia es ésta. Los 19 propietarios del bloque de Calvo Asensio tenían que realizar obras de rehabilitación del inmueble para cumplir con la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Esas obras iban a comenzar en junio de 2004. Pero el 26 de mayo, la buhardilla del 4º A salta por los aires. El Ayuntamiento desaloja a los vecinos, encarga la reconstrucción de urgencia a una empresa y le dice que, ya que está, acometa también los trabajos de la ITE.

En diciembre llega la factura de las obras: el Ayuntamiento reclama a los vecinos un primer pago de 496.000 euros. El problema no es sólo que la factura sea abultada, sino que en ella no se detalla qué parte corresponde a las obras de la ITE (y, por tanto, deben pagar los vecinos) y cuál es exclusivamente consecuencia de la explosión y posterior incendio del edificio. El inmueble está asegurado con Mapfre, así que será la empresa, piensan los vecinos, la que asumirá el coste de esa segunda reparación.

"Nos dirigimos al Ayuntamiento para pedirle que nos desglosara la factura. Y la respuesta fue el silencio. Durante año y medio", explica Manfred Freund. Él decidió pronto que si los vecinos no se movilizaban nadie lo haría por ellos, y empezó a mandar escritos al gobierno municipal: a la Concejalía de Hacienda, a la de Estudios y Programas, y hasta al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. "Sin respuesta", apunta. En octubre de 2005, la Agencia Tributaria de Madrid envía a los vecinos una notificación de cobro advirtiéndoles de que deben pagar antes de dos meses. Ellos no tienen tanto dinero, y no pueden reclamar su parte a Mapfre porque no tienen el desglose. Pero piden préstamos, se hipotecan hasta las cejas, y pagan.

Bárbara Díaz-Caneja, profesora de 34 años, había comprado la casa un mes antes de la explosión y se iba a casar la semana siguiente. "Mi casa desapareció", recuerda. Ella no estaba en la vivienda cuando ocurrió. La llamó un amigo y le hizo dos preguntas. La primera: "Bárbara, ¿tienes ya algún papel que acredite que tu casa es tuya?". "Le dije 'sí, sí, pero ¿qué pasa?". Y él le hizo la segunda pregunta: "¿Estás sentada?".

A los seis meses pudo subir a su vivienda, ya reconstruida. "Yo había dejado un piso amueblado, con vigas vistas, perfecto. Y me devolvieron una casa vacía, con hierro en lugar de madera, con los techos más bajos, una ventana tapiada...". Ella ha hecho ya dos pagos: en total, 18.000 euros que le prestó su familia. "No puedo arriesgarme a que encima caiga sobre mí la Hacienda Pública por no pagar".

No a la familia, sino a los bancos hubo de recurrir María Ángeles González, que a sus 84 años tuvo que hipotecar la casa para pagar los primeros 45.000 euros. Su prima hermana, Julia Usero Zurdo, de 76 años, decidió no pagar y poner el asunto en manos de su abogado. "El Ayuntamiento me manda cartas, pero yo tengo una pensión que no da para estas cosas", afirma.

Por fin, en diciembre de 2005 llega la factura desglosada, según la cual Mapfre debe pagar 340.000 euros. Va acompañada de una ampliación del presupuesto: el coste final son 640.000 euros, dice el Ayuntamiento, y el plazo para liquidar los 144.000 euros que quedan vence el 20 de abril de 2006. Para esa fecha los vecinos tendrán que haber reunido el dinero.

Ellos se lo cuentan a Mapfre, pero la empresa se limita a ofrecerles repetidas veces una indemnización de 195.000 euros, según denuncian los propietarios. Se suceden entonces cuatro meses de angustia en los que los habitantes del 13 de Calvo Asensio se sienten entre la espada del Ayuntamiento y la pared de una aseguradora que no responde. "Si tengo que pagar otros 12.000 euros, ¿qué hago?", se pregunta María Ángeles en la sala de estar de su casa.

Un portavoz de Mapfre no quiso aclarar los extremos de este expediente; sólo apuntó que el procedimiento "está abierto".

In extremis, cuando está a punto de vencer el plazo, la gerente de la Agencia Tributaria, Rosana Navarro, informada del asunto por EL PAÍS, se reúne con los vecinos. "Lo que ha pasado no tiene sentido. Según nuestros datos, el Ayuntamiento no tardó tanto en contestarles. Pero, en cualquier caso, ellos han quedado en una situación dura e injusta. Vamos a hacer lo que está en nuestras manos: aplazarles el pago, al menos un año, mientras solucionan el problema con la aseguradora", explica.

"El desgaste emocional que ha vivido esta comunidad no tiene compensación. Ha sido una cadena de agravios, entre la burocracia de unos y el desprecio de otros", se lamenta Erun Pérez, propietaria del 1º D. A la espera de que el último capítulo de la pesadilla se resuelva, los vecinos de Calvo Asensio tratan de aumentar aún sus dosis de paciencia. Llevan dos años peleando con la Administración pública y la empresa privada para intentar poner punto final a aquella explosión de gas.