Expulsados a aguas internacionales

Han salido con vida de un naufragio, pero dentro de unos días correrán de nuevo el riesgo de zozobrar en el Atlántico. Son 58 inmigrantes clandestinos subsaharianos y cinco tripulantes de un pesquero con bandera de Ghana, que permanecen confinados en su embarcación y custodiados por una decena de policías con fusiles automáticos en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde.

"Estos ciudadanos africanos, todos jóvenes, pasan el día encerrados en el pesquero, vestidos con harapos, en un marco funesto formado por la roña del barco sin condiciones para navegar con seguridad", escribe el corresponsal de Lusa, la agencia de prensa portuguesa, en Praia.

El Awaid 2, la embarcación de 20 metros de eslora, zarpó días atrás de Dakar, la capital de Senegal, rumbo a Canarias, según relató su capitán, un mauritano, a la policía de caboverdiana. A bordo viajan aspirantes a emigrar de 10 países africanos, la mayoría (24) de Costa de Marfil. Una avería en sus motores le hizo derivar hacia el archipiélago de Cabo Verde, a unos 400 kilómetros al este de las costas senegalesas. Anduvo ando tumbos entre islas hasta que, el 8 de mayo, cuando se acercaba a Isla Brava, fue interceptado por un guardacostas caboverdiano que lo remolcó, primero, hasta San Felipe, y después a Praia, donde atracó. Sus pasajeros llevaban entonces cuatro días sin comer ni beber.

El peligro continúa

Cabo Verde, una ex colonia portuguesa de medio millón de habitantes, apenas posee medios para identificar y repatriar a subsaharianos. Sus autoridades se pusieron en contacto con las de Senegal, de dónde partió el pesquero, y Mauritania, por cuyas aguas iba a navegar camino de Canarias, para tratar de convencerlas de que acogiesen a los candidatos a emigrar. En vano.

Ante la doble negativa Julio Lopes Correia, el ministro de Interior caboverdiano, anunció el pasado jueves a Lusa que el barco será reparado en Praia y después será escoltado por sus guardacostas hasta aguas internacionales, pero cerca de Mauritania. Allí será abandonado a su suerte. "Nuestro objetivo es contener la emigración irregular", declaró Lopes Correia. Hasta su expulsión los subsaharianos serán, precisó, "bien tratados y bien alimentados". (El pasado fin de semana el pesquero permanecía en el muelle del puerto de la capital).

Amilcar Baptista, uno de los responsables de la Comisión Nacional de Derechos Humanos caboverdiana, no está de acuerdo con la decisión del ministro de Interior. "(...) Se puede producir una nueva avería que pondrá en peligro la vida de las personas que estén a bordo", advirtió.

Aunque el auge del turismo ha reducido drásticamente la emigración de Cabo Verde a Europa, el fenómeno afecta de lleno al pequeño archipiélago cuyas aguas son, cada vez más, un lugar de tránsito entre el continente africano y Canarias. La última tragedia migratoria fue el 12 de marzo pasado, cuando Fernando Jorge Spencer, capitán de un guardacostas, localizó una embarcación con 12 cadáveres descompuestos de subsaharianos.