Lección de política

El acuerdo alcanzado, la pasada semana, para la rescisión del contrato entre el Ayuntamiento de Alicante y Lluis Cantallops pone fin a la relación del arquitecto con la ciudad. Falta sólo un pequeño trámite para que el compromiso se firme y sea oficial. A partir de entonces, un nuevo equipo de técnicos se encargará de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. No hace falta una gran perspicacia para prever que el nuevo Plan que se redacte habrá de parecerse poco al que propugnaba Cantallops. Nos encontramos ante un suceso cuyas consecuencias afectarán de un modo importante al futuro de la ciudad, de modo que quizá sea un buen momento para reflexionar sobre lo que ha supuesto para Alicante el despido de Lluis Cantallops.

Cuando, hace ahora seis años, el arquitecto fue contratado para elaborar el Plan General de la ciudad, quedó impresionado por el ritmo de la construcción que percibió en ella. "Lo que ocurre en Alicante no lo he visto en ningún otro municipio", declaró en su presentación a los periodistas. Sus primeras manifestaciones a favor de la calidad frente a la cantidad, ya pusieron sobre aviso a los constructores locales, poco acostumbrados a estas sutilezas. A medida que se fueron conociendo sus opiniones, las diferencias no hicieron más que aumentar. La ciudad que defendía el urbanista -restaurar y rehabilitar las áreas y barrios más deteriorados- no podía ser aceptada por los empresarios de la construcción: suponía un freno para su negocio que no estaban dispuestos a permitir. El Alicante que pretendía Cantallops buscaba el beneficio de los ciudadanos, pero no era, ni mucho menos, el que convenía a los industriales.

En la pugna entre los constructores y el redactor del Plan General, el alcalde, Díaz Alperi, tomó partido de inmediato a favor de aquellos. La identificación de Díaz con los intereses de los empresarios fue absoluta desde el comienzo, y la tensión con Cantallops no tardó en saltar a las páginas de los diarios. En un momento determinado, cuando las relaciones ya se encontraban muy deterioradas, Díaz declaró a la prensa que el arquitecto era un empleado del Ayuntamiento y debería hacer lo que se le ordenara. Cantallops, sin embargo, no podía aceptar las condiciones que le exigían sin dañar seriamente su prestigio. En esta situación, el despido del arquitecto sólo era cuestión de tiempo, de encontrar el momento propicio para evitar que se convirtiera en un escándalo.

En la resolución del conflicto, se ha querido ver un triunfo de Díaz Alperi sobre Cantallops. No estoy convencido de que las cosas hayan sido exactamente así. A fin de cuentas, el arquitecto ha cobrado sus honorarios y ha mantenido a salvo, de un modo discreto, su dignidad profesional. Mi opinión es que, en este asunto, los grandes perdedores han sido los alicantinos. Es desde esa perspectiva como debemos ver la situación. Reducirla a una pugna personal, como se pretende, no beneficia más que al propio alcalde y a quienes le han apoyado. El suceso tiene unas consecuencias colectivas cuya gravedad se verá conforme pase el tiempo. La codicia de los constructores ha impuesto una ciudad desestructurada, donde, por poner un ejemplo, los problemas de movilidad crecen día a día. Alicante es hoy, sin ninguna duda, una ciudad más incómoda y menos atractiva que la de diez o doce años atrás. El interés general de los ciudadanos se ha sacrificado al de unas decenas de constructores, que han impuesto su criterio de ciudad. ¿No es eso lo que ahora mismo sucede en cualquier punto de la Comunidad Valenciana?