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Tribuna:¿DEBE EL GOBIERNO REGULAR EL DERECHO A LA EUTANASIA?

La prioridad es otra

La retirada del respirador que provocó la muerte a Jorge León ha puesto en evidencia, una vez más, el controvertido tema de la legalización de la eutanasia.

Conviene aclarar el significado del concepto que estamos tratando. El término de eutanasia significa "buena muerte", como manifiesta el documento de la SECPAL Declaración sobre la eutanasia, aunque hoy en nuestra sociedad se emplea para definir la muerte causada intencionadamente a una persona que padece una enfermedad grave e irreversible, es decir, sin posibilidades de curación y con intenso sufrimiento, y en la que participa una tercera persona, generalmente un profesional sanitario.

Como frecuentemente se habla de la eutanasia como sinónimo de muerte digna, no debatiremos sobre la dignidad, que no es el objetivo de este artículo, pero sí de la muerte digna. Para llegar a la muerte con dignidad, el proceso de morir debe ser digno, y esto sólo se logra viviendo dignamente, dando la mayor calidad posible al tiempo de vida, tratando y controlando adecuadamente síntomas que provocan gran sufrimiento a los enfermos, escuchándolos, acompañándolos, aclarando, en la medida de lo posible, sus dudas y temores, siendo honestos con ellos, sin olvidar a quienes comparten su vida porque también sufren y necesitan sentirse ayudados y entendidos. La muerte de una persona nunca es indigna; indigna es la vida de quienes permiten que los enfermos sufran innecesariamente sin poner los medios y recursos necesarios para aliviar su sufrimiento.

Aún no existen programas de cuidados paliativos para decenas de miles de enfermos

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En nuestro país mueren anualmente más de 200.000 enfermos por patologías crónicas y terminales (cáncer, insuficiencias orgánicas, enfermedades degenerativas...), y la mayoría no reciben la atención específica que su situación requiere. Esto debería hacernos reflexionar y ser conscientes de que tenemos un problema sanitario y social de grandes dimensiones aún sin resolver, que afecta a una gran población y va en aumento, al que hay que buscar soluciones adecuadas, y una de ellas es implantar y desarrollar de forma eficaz y eficiente programas de Cuidados Paliativos.

Los Cuidados Paliativos dan respuesta a la mayoría de los enfermos que, desesperados por el sufrimiento, desean la muerte. La atención integral e individualizada, la comunicación, el tratamiento adecuado del dolor y otros síntomas, el respeto a su autonomía, la participación en la toma de decisiones y la inclusión de la familia en los cuidados son aspectos que mejoran la calidad de vida del enfermo y de su entorno aliviando su sufrimiento. Éstos son, entre otros, los objetivos de los Cuidados Paliativos.

Aunque ahora en nuestro país reciben Cuidados Paliativos alrededor de un tercio de los enfermos terminales y hay más de 260 programas específicos, no son suficientes para atender la demanda existente, por lo que no parece una prioridad social legalizar la eutanasia, cuando no tenemos resuelto el problema de su atención. Más bien parece que lo prioritario debería ser implantar programas que den respuesta a sus necesidades.

Cuando aún no disponemos de suficientes programas de Cuidados Paliativos, hay falta de formación específica de los profesionales, no se dan respuestas adecuadas a los problemas sanitarios y sociales de miles de enfermos que siguen muriendo con dolor e intenso sufrimiento, sin el apoyo social y/o familiar necesario, cuando las familias no reciben ayuda de ningún tipo, ni social ni económica para hacer frente a la situación en el domicilio o fuera de él, y no se les facilita un tiempo en el trabajo para cuidar a su ser querido, legalizar la eutanasia no es la forma más adecuada de resolver el problema.

Si bien es cierto que los Cuidados Paliativos no son la alternativa para todos los enfermos, hay evidencia de que las peticiones de eutanasia son escasas cuando son atendidos por equipos interdisciplinares específicos y profesionales bien formados, lo que nos indica claramente las líneas a seguir.

Es prioritario hacer que los enfermos se sientan bien atendidos hasta el final de su vida, para que puedan hacer frente a momentos de desesperación y sufrimiento generados por la situación que viven, y es responsabilidad del Gobierno y de las comunidades autónomas hacer que esto sea una realidad para todos y no sólo un privilegio para unos pocos. Es por eso que la implantación de programas específicos debe ser una medida urgente a adoptar.

Nuestro sistema sanitario tiene carácter universal y garantiza la atención a todos los ciudadanos en todas las fases de la enfermedad; por ello, con el voto unánime de las CC AA y el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el seno del Consejo Interterritorial nació el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, publicado en diciembre del año 2000. En él se daban líneas de actuación y se instaba a las CC AA a crear programas específicos. En estos momentos, con el mismo nivel de consenso en los responsables políticos y pasados casi seis años, se está trabajando en su actualización, analizando el nivel de implantación y desarrollo de los planes y programas. Durante este tiempo, unas comunidades han desarrollado sus planes autonómicos de Cuidados Paliativos y otras, como la de Madrid, lo están haciendo; y aunque todavía queda mucho por hacer, percibimos que el trabajo conjunto entre los responsables de la Administración y los profesionales permitirá alcanzar la cobertura poblacional suficiente en un plazo próximo, con lo que se podrá dar respuesta a muchos de los problemas planteados.

El derecho del ser humano a decidir sobre nuestra vida debe ser respetado, pero hasta que se promocionen las medidas que garanticen a los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, el derecho moral y legal que tenemos todos a recibir la mejor atención al final de nuestra vida, la legalización de la eutanasia sólo beneficiaría a unos pocos perjudicando a la mayoría.

Por ello, independientemente de estar a favor o en contra de la eutanasia y de su legalización, es imprescindible hacer una profunda reflexión sobre la generalización de una práctica demandada en escasas ocasiones por los enfermos. La legalización de la eutanasia, a pesar de las restricciones que pudiera marcar la ley, siempre perjudicaría a los más débiles y vulnerables, a los enfermos en situación de precariedad y dependencia, que podrían pensar que son una carga y un estorbo para su familia pidiendo una muerte que en realidad no desean.

Magdalena Sánchez Sobrino es médica, presidenta de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de mayo de 2006