A pesar de todo, vale la pena

La situación política catalana vive una sorprendente paradoja. Estamos a punto de aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía que nos da el nivel de autogobierno más elevado que hemos tenido nunca; la economía continúa creciendo; la inversión social se ha incrementado de forma sustancial en los últimos años; disponemos de una Ley de Barrios para hacer frente a la degradación social y urbanística de muchas zonas urbanas; de un potente Plan de la Vivienda; de una ley de servicios sociales muy avanzada; de un Acuerdo Estratégico para fomentar el cambio productivo de la economía catalana; de un Gobierno que ha actuado con transparencia y no utiliza los medios de comunicación en beneficio propio; de un Acuerdo Nacional para la Educación suscrito por casi todos los sectores educativos; de una colaboración con los ayuntamientos inédita en Cataluña y de una política ambiental a escala europea. Y todo esto con unas cuentas de la Generalitat saneadas. Se me dirá que Cataluña continúa arrastrando numerosos problemas sociales y ecológicos. Es cierto, pero por primera vez tenemos un Gobierno que hace frente a los problemas reales de la sociedad y va a continuar haciéndolo hasta las elecciones anticipadas.

A pesar de todos estos logros, el Gobierno se encuentra en crisis. Se van a celebrar unas elecciones anticipadas y los consejeros de Esquerra Republicana (ERC) han sido destituidos por el no al Estatuto. La convocatoria de elecciones hacía innecesaria esta destitución, que nos ahorraría la radicalización de la campaña del referéndum. La ciudadanía está perpleja y los votantes de las izquierdas, decepcionados. No es para menos.

Los responsables políticos del Gobierno tenemos el deber de explicar por qué nos encontramos en esta situación y proponer un horizonte posible y esperanzador. No hay una razón sola que explique esta situación ni un único responsable. El Gobierno ha padecido un exceso de ruido mediático, con una serie de crisis encadenadas que van de la reunión de Josep Lluís Carod con ETA en Perpiñán a la reestructuración del Ejecutivo realizada por el presidente en abril; pasando por el frustrado cambio de Gobierno de octubre de 2005, el informe de comunicación o algunas polémicas generadas en el propio Gobierno, como las declaraciones del ex consejero Joan Carretero, por citar algunos casos.

Seguramente, todos los componentes del Ejecutivo tenemos nuestra parte de responsabilidad en el balance positivo y negativo de éste. Pero puedo decir con todo rigor que Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) no ha contribuido en absoluto a generar ruido. Hemos sido leales al Pacto del Tinell y cuando hemos manifestado diferencias han tenido un contenido programático, con derrotas y con victorias como corresponde a un Gobierno de coalición. Derrotas como el túnel de Bracons o victorias como el Plan de Energía o evitar el copago de la sanidad pública. Y podemos ofrecer un balance muy positivo en los departamentos que estamos gestionando: impulso del Estatuto, política de recuperación de la memoria histórica, Plan de la Vivienda, fin del Plan Hidrológico Nacional, nuevas políticas del agua y de residuos, por citar algunos ejemplos. Hemos sido coherentes y serios, aun a riesgo de tener menos protagonismo mediático.

Pero la crisis fundamental del gobierno tripartito ha sido el no de ERC al Estatuto. Un no que la dirección de ERC había rechazado porque sumaba con el PP, pero que sus 12 asambleas territoriales de militantes les han impuesto. El problema no son los procedimientos asamblearios. No se podía esperar otra actitud de la militancia si la propia dirección de ERC no ha dicho ni una sola cosa positiva del Estatuto que ellos mismos han contribuido a realizar y a pactar con el PSOE, hasta el instante antes de la foto de Rodríguez Zapatero con Artur Mas. El no de ERC al Estatuto es increíble e irresponsable. Hay que preguntar a los militantes y dirigentes de ERC: ¿el nuevo Estatuto supone un retroceso para Cataluña? Es evidente que no. ¿Es un paso adelante muy importante con relación al Estatuto vigente, el de 1979? Sin duda, sí. Estas dos afirmaciones no las desmiente ni ERC. Pues bien, si esto es cierto ¿por qué ERC suma los votos a los de los enemigos declarados de Cataluña y de su lengua?, como dijo Carod hace unas semanas. Los de ERC dirán que el Estatuto que se somete a referéndum no es el Estatuto del 30 de septiembre. No, no es exactamente el mismo, pero es el que más se le parece, desde luego mucho más que el de 1979, que es el que va a quedar si gana el no. Por otra parte, todos éramos conscientes de que a partir del 30 de septiembre se trataba de negociar, y eso hemos hecho todos, incluida ERC. El resultado de la negociación es claramente favorable a Cataluña, y el Estatuto resultante se parece mucho más al proyecto aprobado por el Parlament que a las propuestas que el PSOE fue realizando durante todo el proceso negociador. No es exactamente todo lo que queríamos, pero hemos abierto una vía para continuar avanzando. No tiene ningún sentido desaprovechar esta oportunidad histórica.

La única explicación para el no es que ERC ha tenido un ataque de pánico y ha preferido la seguridad de la reivindicación permanente, de la propia identidad independentista, a la utilidad de hacer avanzar el autogobierno, a pesar de que es compatible impulsar el autogobierno sin tener que renunciar por ello -nadie se lo pedía- a su legítimo objetivo final. Si la actitud de ERC es incomprensible desde el catalanismo, aún es más incomprensible desde la izquierda. Desde la izquierda no se puede rechazar un Estatuto claramente progresista, que tiene un título de derechos sociales y principios rectores muy avanzado, que ha despertado las iras de los sectores económicos y sociales más reaccionarios.

Hay que reconocer que en todo este complejo proceso, el acuerdo Mas-Zapatero no ha contribuido precisamente a facilitar las cosas. Tenemos Estatuto a pesar de Convergència i Unió (CiU), no gracias a CiU. Hay que recordar que la anterior legislatura CiU obtuvo el apoyo del PP a cambio de no reformar el Estatuto.

A pesar de todo ha valido la pena. Los ruidos y los errores pasan, pero el Estatuto y todo lo que ha conseguido este Gobierno permanecerá. No sólo eso, sino que estoy convencido de que la próxima legislatura vamos a tener una mayoría de izquierdas. Y esto por dos razones: en primer lugar porque el ciclo del cambio iniciado en 2003 no se consume en tres años, la demanda social de políticas de reformas sociales, como las que impulsa este Gobierno, continúa existiendo, si cabe con mayor fuerza, por las expectativas que las políticas concretas han creado, y en segundo lugar, porque superado el referéndum y las elecciones se puede dar una nueva situación política que favorezca el acuerdo de las izquierdas. Un acuerdo después de las elecciones sobre nuevas bases, para no repetir los mismos errores.

Estoy convencido de que los electores y los militantes del Partit dels Socialistes (PSC), ERC e ICV-EUiA no desean el retorno de la derecha, de los de siempre, al Gobierno. Nuestra es la responsabilidad. A pesar de todo continúa valiendo la pena.

Joan Saura es presidente de ICV y consejero de Relaciones Institucionales y Participación.