El Superior acusa a Bilbao de dañar el Estado de derecho y rozar la calumnia y la injuria

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco acusó ayer al diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, de infligir un "grave daño" al Estado de derecho con sus acusaciones contra ciertos jueces por "aliarse" con el PP para "derribar" el autogobierno. El órgano de gobierno del Superior afirma, en un acuerdo aprobado por unanimidad, que Bilbao muestra un "menosprecio del razonamiento democrático" y sus manifestaciones "pueden ser tenidas como calumnia, injuria o insulto" a los miembros de un tribunal. Pocas horas después, en un comunicado, el diputado general aseguró que no fue su intención calumniar ni insultar a los jueces y que hizo sus declaraciones "en el ámbito de la crítica política" al PP.

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que ha paralizado las normas fiscales con las que las diputaciones intentaban sortear el cumplimiento de la resolución del Supremo de 2004 sobre el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades ha acabado en otro desencuentro público entre el máximo responsable de la diputación vizcaína y los jueces. El Contencioso consideró "anecdótico" el tipo aprobado, in extremis, en diciembre pasado por las diputaciones - el 32,6%, una décima por encima del gravamen (el 32,5%) anulado en dos ocasiones por los tribunales- y suspendió cautelarmente las normas, recurridas por Castilla y León.

La Sala de Gobierno, que encabeza su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, adoptó ayer por unanimidad, tras una breve discusión, una declaración de respuesta al diputado general vizcaíno. José Luis Bilbao había acusado la víspera a "ciertos sectores de la judicatura" de intentar derribar el "autogobierno" mediante una alianza de hierro con el Partido Popular.

El pronunciamiento público del diputado general peneuvista generó un fuerte malestar en la Sala de Gobierno, según fuentes de este órgano. Sus miembros, en la reunión habitual de los viernes, decidieron respaldar a los magistrados afectados; en este caso, los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "Cuentan con nuestro firme apoyo en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que tienen constitucionalmente encomendada", señala el acuerdo adoptado.

El segundo mensaje que quiso enviar el órgano de gobierno de los jueces vascos tiene como destino la sociedad. "La ciudadanía puede seguir confiando en que los jueces y magistrados estamos comprometidos sólo con el imperio de la ley" a la hora de enfrentarse a su tarea de aplicar el derecho para resolver los conflictos que llegan a los tribunales, señala la declaración. El último punto está dirigido al "excelentísimo señor diputado general de Bizkaia", a quien la Sala de Gobierno recuerda que la propia existencia de un poder judicial "independiente e imparcial" es algo consustancial e "inseparable" del compromiso de sus integrantes con el principio de legalidad. Acto seguido le hace notar a Bilbao que pronunciamientos como los suyos de la víspera rozan "la calumnia".

Respaldo de Imaz

"Se infringe un grave daño al Estado de Derecho cuando una autoridad administrativa, con menosprecio del razonamiento democrático, efectúa manifestaciones públicas que puedan ser tenidas como calumnia, injuria o insulto a los miembros de un tribunal de justicia, con ocasión del ejercicio de sus funciones", concluye la declaración.Una vez conocida, la Diputación de Vizcaya difundió un comunicado en el que "hace constar" que no estuvo en la intención del diputado general "ni calumniar, ni injuriar, ni insultar a miembro alguno de la judicatura". Sus manifestaciones, en las que situó a "ciertos sectores de la judicatura" como "brazo ejecutor de las políticas de derribo del autogobierno vasco", se realizaron, según la Diputación, "en el ámbito de la crítica política, dirigida al Partido Popular".

Horas antes, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, vio también una "motivación política" en las sentencias de los tribunales contrarias a las normas fiscales vascas. Aunque, en vez de atribuirlas directamente a esa alianza de ciertos sectores judiciales con el PP apuntada por Bilbao, Imaz prefirió referirse a otro argumento recurrente, el de la "incompetencia" y, sobre todo, el "desconocimiento profundo de la capacidad normativa que contiene el Concierto Económico" por parte de los tribunales. Para Imaz, estas resoluciones hacen evidente que "estamos sufriendo la inexistencia de una justicia propia". En una entrevista en Onda Cero, el máximo dirigente peneuvista sostuvo que la justicia en España se caracteriza por ser muy "centralista y jacobina" y actúa en los últimos años por "motivaciones políticas".

También en el campo nacionalista, el secretario general de EA, Unai Ziarreta, denunció lo que es, a su juicio, un "ataque claro contra el autogobierno vasco" por parte del poder judicial y el Gobierno central.