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La investigación de un error judicial

La juez Palacios rechaza volver a encarcelar al procesado del 11-M Saed el Harrak

El ministerio público solicitó ayer que el islamista volviera a prisión por su creciente peligrosidad

No hay marcha atrás. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios rechazó ayer la petición de la fiscalía de celebrar una nueva vistilla para dilucidar el reingreso en prisión del islamista Saed el Harrak, procesado por el 11-M y que el miércoles tuvo que ser puesto en libertad al haber transcurrido el límite de dos años de prisión preventiva sin que se hubiera instado la prórroga hasta los cuatro años. La Fiscalía pretendía encarcelar de nuevo a El Harrak basándose en un informe de Instituciones Penitenciarias en el que se aludía a su creciente peligrosidad en la prisión, pero la juez se negó.

Saed el Harrak, de 33 años, fue procesado por el juez Juan del Olmo por delito de colaboración con banda armada, por el que, de ser encontrado culpable, puede ser condenado hasta con 10 años de prisión. Fue detenido en Parla (Madrid) el 6 de mayo de 2004 y el juez le envió a prisión cuatro días después. Del Olmo tenía previsto tomarle declaración indagatoria -la que se celebra para mostrar la conformidad o rechazo con el auto de procesamiento- el próximo día 16 y al mismo tiempo celebrar la comparecencia para prorrogar su prisión, pero olvidó que para esa fecha ya había transcurrido el límite de dos años de prisión preventiva, y que si bien el juez puede renovar de forma justificada, exige la celebración de una vistilla en la que una de las partes solicite el mantenimiento de la medida cautelar.

La fiscal Olga Sánchez no reclamó la prórroga de la prisión y al juez, que en la actualidad está de baja por un problema ocular, se le olvidó convocar la vistilla.

El abogado del islamista solicitó su puesta en libertad y la juez Teresa Palacios, sustituta de Del Olmo, tuvo que excarcelarlo.

La fiscal Olga Sánchez recurrió la decisión de la juez y al mismo tiempo solicitó una nueva comparecencia urgente, basándose en hechos nuevos, para conseguir que El Harrak volviera a prisión.

La fiscalía aportó un informe elaborado por Instituciones Penitenciarias en el que se describe la creciente peligrosidad y radicalización de Saed el Harrak en prisión. Así, en un registro realizado en la prisión de Huelva el 26 de marzo de 2006, se le encontró un objeto punzante debajo de su almohada fabricado con un cepillo de dientes y una aguja, los planos del sótano de una vivienda y otros planos de un sistema de combustión susceptible de ser utilizado para fabricar artefactos incendiarios.

La juez Palacios se ha negado a celebrar la comparecencia solicitada alegando que no se trata de hechos nuevos, puesto que se refieren al día 26 de marzo y la puesta en libertad de El Harrak se produjo el pasado miércoles, que no tienen relación con su procesamiento por colaboración con banda terrorista en el sumario del 11-M y que, en todo caso, deberían ser denunciados en el juzgado de guardia que corresponda, es decir, el más próximo a la prisión de Huelva.

Portazo a la fiscal

Aunque jurídicamente los argumentos puedan ser irreprochables, en medios de la fiscalía y de la propia Audiencia Nacional ha sorprendido que la juez ni siquiera haya accedido a la celebración de la comparecencia. La fiscalía actúa, según la Constitución, en interés de la ley y por tanto la juez, según las fuentes citadas, debería haber celebrado la comparecencia aunque luego hubiera mantenido su propio criterio contrario al de la fiscal.

El hecho de que la juez ni siquiera haya querido celebrar la comparecencia ha originado suspicacias y ha sido interpretado en los citados medios como un "portazo a la fiscal", con la que no mantiene las mejores relaciones.

Del Olmo, por su parte, tampoco goza de las simpatías de sus compañeros jueces de instrucción, que tuvieron que asumir y repartirse sus guardias cuando exigió hacerse cargo en exclusiva de la instrucción del sumario del 11-M. Además, el magistrado reclamó y consiguió que se le asignase el sumario por la explosión de la calle de Carmen Martín Gaite, de Leganés (Madrid), donde se suicidaron siete de los islamistas autores de los atentados, y que hasta ese momento tramitaba la juez Palacios.

El Consejo del Poder Judicial, la Inspección de la Fiscalía y la propia Audiencia han abierto sendas investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la juez Palacios celebró ayer la vistilla para prorrogar la prisión preventiva de dos a cuatro años para otro de los procesados, Mohamed Bouharrat. La decisión de la juez se conocerá en los próximos días.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de mayo de 2006