El PP reclama la destitución del ministro Alonso y un pleno del Congreso "porque la detención fue política"

El PP reclamó ayer la destitución del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que dimitió horas después, y del ex ministro del Interior y ahora titular de Defensa, José Antonio Alonso. Les considera a ambos "responsables políticos de la primera detención ilegal por motivos políticos de la España democrática, que ha sido sentenciada por los tribunales de Justicia".

El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró por la mañana en un acto público que exigirá en el Congreso de los Diputados "al presidente del Gobierno que proponga el cese de los responsables políticos de esta detención ilegal de dos personas", Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, militantes del PP. En ese acto, el ex ministro de Defensa, José Bono, afirmó: "Yo fui a una manifestación de solidaridad con las víctimas del terrorismo con mi hijo. Nos agredieron, nos insultaron, lo vio toda España. Lo que ocurrió después no es de mi incumbencia ni de mi responsabilidad".

Por la tarde, tras una reunión extraordinaria de la dirección del PP de Madrid, la presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre, y el número dos de Rajoy, Ángel Acebes, insistieron en pedir las dos destituciones, reclamaron un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para analizar estos hechos y anunciaron que promoverán un debate sobre el caso en el Parlamento Europeo. Según Aguirre, este caso debe conocerse en Europa porque es "una clamorosa demostración del deterioro de la democracia española con el presidente del talante". Acebes anunció que el PP "retira toda su confianza en el ministro Alonso", que ahora es el máximo responsable del CNI como titular de Defensa.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expuso anoche la posición del Gobierno desde Lisboa, donde se encontraba de visita oficial, informa Miguel Mora. El Gabinete, afirmó, "acata y respeta la decisión judicial, que no es firme, y la va a recurrir porque discrepamos de su contenido". Tras mostrar su apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, Fernández de la Vega dijo que la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid se produce "a pesar de que la sentencia deja meridianamente claro que no hubo ningún tipo de instrucción política", y pone de manifiesto que la administración socialista "tiene otra forma de hacer política y asume sus responsabilidades".

El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, señaló que esta sentencia "desautoriza al PP" porque niega cualquier "instrucción política". "La sentencia despolitiza los hechos", remachó. A su juicio, "es increíble" que el PP "desprestigie al Estado de derecho, ya sean jueces, fiscales, policía, Guardia Civil...". Sobre la sentencia, López Garrido la calificó de "injusta y puede contribuir al mal funcionamiento de los cuerpos de seguridad". Por eso, dijo que confía en que un tribunal superior les absuelva.