El Gobierno ultima un plan para atajar la corrupción en los ayuntamientos

El Gobierno ultima una batería de medidas para tratar de atajar la corrupción en los ayuntamientos tras el escándalo provocado por el ingreso en prisión de los principales responsables del gobierno municipal de Marbella. Entre otras novedades, se pretende aplicar a los concejales el mismo régimen de incompatibilidades que a los altos cargos de la Administración central, lo que se incluirá en una reforma de la Ley de Régimen Local. Además se quiere impedir que los tránsfugas sean incluidos en las listas electorales.

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"El objetivo es aumentar la democracia en los ayuntamientos y hacer la vida más difícil a la minoría corrupta", afirma el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Algunas de las medidas que prepara el Gobierno se incluirán en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que se negocia con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Entre ellas, la extensión a los concejales -al menos de las poblaciones más importantes- del sistema de incompatibilidades previsto para los altos cargos, de forma que no puedan trabajar, durante los dos años posteriores a su cese, en sectores vinculados con su actividad pública. A cambio, tendrán derecho a percibir el subsidio de desempleo, lo que ahora no ocurre.

No por ley, sino a través de un compromiso político incluido en la renovación del Pacto contra el Transfuguismo, el Gobierno quiere impedir que los ediles tránsfugas puedan encontrar acomodo en listas de otros partidos en futuras elecciones.