El juez investiga al alcalde de Torrevieja por pagos ilegales

El titular del Juzgado número 4 de Torrevieja ha admitido a trámite la querella del Grupo Municipal Socialista contra el primer edil de localidad, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, y otros dos concejales más de su gobierno por un delito continuado prevaricación derivado de pagos ilegales, mediante el sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito, sin consignación presupuestaria. Esta es la segunda causa abierta a Hernández Mateo en este mandato. La primera, en la que el alcalde ya ha declarado como imputado, está relacionada con la compra-venta de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.

Inicialmente, el PSPV ha denunciado por presunta prevaricación al alcalde y a los concejales de Hacienda y de Contratación, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, respectivamente. No obstante, según anunció ayer el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Giménez, los responsables penales, si finalmente así lo considera el juez, son todos los miembros de la comisión de gobierno en la que se adoptaron los acuerdos de pago de facturas por el sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito. El PSPV estima que, entre 2000 y 2005, el equipo de gobierno del PP de Torrevieja ha abonado, bajo esa fórmula, facturas por importe de 12 millones de euros.

Entre esos supuestos pagos "delictivos" acordados por el alcalde se encuentran diversas facturas abonadas a una firma de seguridad propiedad del hermano del actual concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil Rebollo, y otras al canal de televisión local afín al PP, según los denunciantes. En cuanto a la empresa de seguridad, la firma Defcom, SA, propiedad de Pedro Gil Rebollo, hermano del citado edil, aparte del supuesto trato de favor, el PSPV mantiene que las adjudicaciones son ilegales porque se elude el obligatorio concurso público previsto en la ley. En los ejercicios de 2003 y 2004, el Ayuntamiento adjudicó, siempre por decretos de la alcaldía luego ratificados por la comisión de gobierno, a la mencionada firma de seguridad privada trabajos por valor de 260.000 euros.

Mismo magistrado

El juez que ha admitido la querella del PSPV contra Hernández Mateo por supuesta prevaricación es el mismo magistrado que instruye la causa abierta al primer edil torrevejense por supuesto tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivado de la compra-venta de una finca rústica en Almoradí. La causa se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció indicios de delito en una denuncia presentada por el Grupo Municipal de Esquerra Unida. Como consecuencia de esta investigación judicial también se ha constatado que, entre los años 2000 y 2005, Hernández Mateo obtuvo unos ingresos extra de casi medio millón de euros, al margen de su sueldo público como alcalde y diputado autonómico.