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Reportaje:La reforma del Estatuto

Camino particular

Los andalucistas se han comportado de una forma singular y llamativa en los dos procesos estatutarios de Andalucía

En los dos procesos estatutarios de Andalucía, el que se inició en 1980 y el de la reforma actual, el Partido Andalucista ha seguido un camino particular, con posturas distintas y distantes del resto de las formaciones. En ambos momentos, los nacionalistas se han esforzado en hacer ver que su única obediencia, razón y fin es Andalucía, aunque políticamente, ni en el primer caso ni en el segundo, la estrategia ha hecho fortuna. Sus adversarios, y especialmente el PSOE, recuerdan al PA el pacto de 1980 con la UCD -la famosa escena del sofá entre el líder andalucista de entonces, Alejandro Rojas-Marcos, y el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa-, desacierto que ya reconocen los propios andalucistas después de 26 años de arrastrar esa pesada losa como un galeote su cadena.

"Hicimos docenas y docenas de mítines para el 28-F", afirma José Luis Villar

Sin embargo, expertos y políticos que han vivido y estudiado las dos etapas hallan notables diferencias en el comportamiento de los andalucistas. El profesor de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo opina que el paso de los años y la simplificación histórica han caricaturizado el papel del PA en el proceso constituyente, hasta grabar en el imaginario colectivo datos falsos. A su juicio, en la época de la transición los nacionalistas buscaron siempre, con "sus equivocaciones", alcanzar el autogobierno, mientras que en periodo actual, su actitud es "errática" e "incomprensible" y, posiblemente, persigue más huir de su condición de partido en retroceso que la mera conveniencia de Andalucía.

Cuando se inició el procedimiento de la constitución de las autonomías en España, en Andalucía -donde había cuajado la idea de lo nocivo del centralismo y de que el autogobierno era la única forma de salir del retraso- se pone en marcha la iniciativa autonómica con el artículo 151 de la Constitución. Se trataba de la senda más plena, aunque con un procedimiento arduo y tortuoso, si no se trataba del grupo selecto de las comunidades históricas, a las que se les exoneraba de estos procedimientos por haber "plebiscitado afirmativamente en el pasado" [la II República] proyectos de estatutos. A saber: Cataluña, País Vasco y Galicia. Uno de los requisitos era ratificar en referéndum la iniciativa autonómica por la mitad más uno del censo en todas las provincias. Tras muchos tiras y aflojas -la UCD había decidido ya dar marcha atrás y que Andalucía tuviera una autonomía de segundo grado (artículo 143)- se convocó el referéndum para el 28 de febrero de 1980. PSOE, PCE y PSA [antiguo PA] lucharon por el sí, mientras que UCD fomentó la abstención.

Los andalucistas se desmarcaron en algunas cuestiones por entender que había discriminación respecto a los referendos de ratificación de los estatutos de catalanes y vascos, buscando, como es su costumbre, el punto de distanciamiento. En opinión de algunos políticos de la época, su campaña fue "tibia", afirmación que los andalucistas niegan. "Hicimos docenas y docenas de mítines por todas partes", rebate el primer secretario del PA de Sevilla, José Luis Villar, quien por entonces tenía 19 años y participaba activamente en la pegada de los carteles: una paloma verde, blanca y verde, con una papeleta del en el pico. El profesor Ruiz Robledo dice que es posible que no se les viera mucho porque el PA tenía poca militancia y atravesaba una crisis, pero "no hay duda ninguna de su postura".

El 28-F fracasó jurídicamente porque se perdió en Almería, pero fue un éxito político, ya que la Junta y los partidos favorables del lograron dos millones de votos.No obstante, después del golpe del naufragio en Almería todos los partidos quedaron noqueados y hubo momentos de oscilaciones y titubeos, con reiterados intentos fallidos de salir del entuerto (repetir el referéndum y modificar la ley orgánica). Llegó la referida escena del sofá. Para recuperar el pulso político, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, presentó una cuestión de confianza que se debatió a finales de septiembre. El PA quiso capitalizar la solución del bloqueo y pactó con la UCD prestar sus votos a Suárez a cambio de arreglar la situación de Andalucía.

La fórmula consistía en usar el artículo 144 de la Constitución, que permitía que, por motivos de interés general, las Cortes Generales completaran o sustituyeran la iniciativa autonómica de algunos territorios para hacer posible su transformación en comunidad autónoma. "El PA hizo una jugada muy fuerte y le salió mal. Rojas-Marcos fue un desleal porque rompió la unidad de acción de los partidos andaluces; Tenía que habérselo dicho a PSOE y PCE, pero el quería el protagonismo y colgarse la medalla de salvador", afirma Agustín Ruiz Robledo.

El profesor añade: "Al darle oxígeno al partido y al Gobierno que habían castigado a Andalucía, además con una reunión con Martín Villa (quien por entonces simbolizaba el Estado centralista), apareció como un traidor, y el PSOE lo aprovechó". El andalucista José Luis Villar alega en su descargo que el PA lo único que buscaba era "salvar el proceso autonómico", si bien admite que "fue un error estratégico por no ser conscientes de que el Gobierno de Suárez estaba condenado a muerte". Luego la UCD y el PSOE arbitraron un procedimiento para desatascar el 28-F inspirado en el artículo 144, aunque sin nombrarlo (se invocó el título VIII de manera eufemística para no citarlo). El PA estalló en una formidable crisis y en las siguientes elecciones se desmoronó.

En el proceso ulterior de la aprobación del llamado Estatuto de Carmona, el PSA también votó en solitario en muchos de sus pasos y se opuso a la mayoría política en la exigencia de más autogobierno. Una vez superado el socavón del artículo 151, la ponencia del Estatuto retomó su actividad y se aprobó por el pleno de la Junta. La asamblea de parlamentarios (senadores y diputados andaluces) se reunió en Córdoba el 28 de febrero de 1981. El PSA terminó votando no a la totalidad del proyecto, ya que se habían introducido recortes en el ámbito de la actuación de la comunidad. Durante la discusión en la Comisión Constitucional del Congreso y ante nuevas podas, se produjo una situación paradójica: el PSA, que había votado negativamente en la asamblea de Córdoba al proyecto, es en esta ocasión fue quien defendió el proyecto salido de aquella asamblea frente a UCD y PSOE, quienes que estaban de acuerdo en modificarlo siguiendo la estela de las direcciones nacionales de sus partidos. Los andalucistas volvieron a votar que no.

Después -la intentona de golpe de Estado del 23-F había unido a los partidos- el PSA asumió el texto en el pleno de la Junta de Andalucía y pidió el en el referéndum de ratificación de octubre de 1980, aunque, una vez más, con un lema singular: Sí, para superar este Estatuto en el Parlamento de Andalucía.

Mientras que José Luis Villar afirma que la posición de su partido es similar a la de 1980 porque defiende máximo techo competencial, el profesor Ruiz Robledo ve poco parecido y sostiene que los andalucistas están en una posición maximalista que "no tiene base social" y un escaso respaldo popular. "El PA se va quedar solo defendiendo la conquista histórica que supuso el 28-F. Antes fue nacionalidad histórica y ahora nación", sentencia José Luis Villar con tono premonitorio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de mayo de 2006