Denuncias entre padres por falta de plazas escolares en Valencia

La falta de plazas escolares de titularidad pública -es decir, gratuitas- ha desatado una escalada de denuncias entre los propios padres. Las irregularidades detectadas por la Fiscalía sobre el proceso de matrícula en el colegio Maristas de Valencia, en junio pasado, se saldaron a principios de este año con una sanción contra 18 familias por "falsificación de documento público" para obtener una plaza concertada, que les impide renovar su estancia en el centro. La investigación concluyó que los padres habían acreditado discapacidades inexistentes, que no habían sido visadas por la Consejería de Bienestar Social. Ante esta decisión judicial, una docena de los 18 padres expulsados han presentado una serie de denuncias contra el mismo proceso de matriculación, cuestionando el alto baremo económico de algunos padres de alumnos admitidos, entre los que figuran dos familiares del consejero portavoz de Presidencia, Esteban González Pons.

En pleno plazo de matriculación -que empieza precisamente hoy- la guerra entre los propios usuarios de los colegios valencianos está servida. De momento, esta segunda denuncia está en manos de los Servicios Jurídicos de Educación. No obstante, desde la consejería se anticipa que "el actual proceso de matrícula se supervisará con lupa, para evitar este tipo de problemas".

Ante esta escalada de denuncias entre los padres, la responsable de Educación del PSPV en las Cortes Valencianas, Ana Noguera, adelantó que presentará una batería de preguntas parlamentarias ante la "gravedad" de los hechos y el "desconcierto" y la "presión" que, en su opinión, "están padeciendo los padres por falta de plazas escolares".

"El problema viene de lejos"

El PSPV asegura que "el escándalo de las matrículas viene de largo" y no entiende "por qué la Consejería de Educación consiente este tipo de casos en los que se permite aumentar la ratio de alumnos por aula de manera insostenible o admitir documentos falsificados". Noguera advierte de que "los padres se han acogido a este tipo de picaresca como arma habitual (fasificando documentos del IRPF o informes médicos), para poder matricular a sus hijos ante la falta de plazas".

Noguera pregunta a Educación: "¿Cuándo piensa tomar el control de la situación y garantizar la transparencia?", y cuestiona "el sorpresivo hecho de que supuestos familiares de un consejero del propio Gobierno valenciano puedan estar implicados en esta picaresca".