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El fiscal desglosa en 15 causas la denuncia por corrupción en Orihuela

Persigue agilizar las diligencias por ilegalidades urbanísticas y contables en el Consistorio

El fiscal anticorrupción de Alicante ha abierto 15 causas por supuestas ilegalidades en la gestión urbanística y contable en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP desde 1987. Las denuncias de la fiscalía son el desglose de la causa principal contra el alcalde, José Manuel Medina, por supuesto cohecho y tráfico de influencias en los que habría incurrido al usar bienes (un Rolls Royce, un Audi A8 y un chalé) de promotores beneficiados por adjudicaciones.

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha remitido la causa principal al Juzgado número 4, cuya titular, Lidia María Paloma Montaño, admitió a trámite a finales de marzo el primer escrito del fiscal sobre el caso Orihuela, que incluía 30 supuestos hechos delictivos. El fiscal ha pedido a la magistrada que cite a declarar, como imputado, al primer edil oriolano. El Ministerio Público pretende esclarecer el uso de bienes de promotores por parte del alcalde y la adjudicación de tres planes urbanísticos. Medina, en el cargo desde 1996, dijo ayer desconocer los motivos de la acusación.

El fiscal ha trasladado al Decanato de Orihuela las 15 causas subsidiarias de la principal para su reparto. La base de estas causas son las denuncias del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y los portavoces de los grupos de la oposición. En las diligencias previas, Espinosa declaró: "He sido el blanqueador de facturas de Medina". El fiscal propone en todos los casos pruebas testificales y documentales para delimitar las responsabilidades penales. Briones solicita la declaración, en calidad de imputados, de un concejal más, Antonio Franco, del PP, responsable del área de Personal; el secretario de la corporación, Alfonso Ramón Martínez y su yerno Santiago Rubio Moreda; y el ex asesor de personal Luis Alberto Prieto Marín. En su primer escrito, el fiscal subrayó que otros posibles acusados son los responsables de los negociados.

Las 15 causas secundarias del caso Orihuela son las siguientes:

- Revisión del PGOU. Facturas por 12.000 euros por trabajos relacionados con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El encargo lo hizo directamente el secretario de la corporación, Alfonso Ramón Martínez, a una empresa de su yerno.

- Asesor con doble sueldo público. En diciembre de 2004 el alcalde contrató a Luis Alberto Prieto Marín como jefe de personal del Ayuntamiento con dedicación exclusiva. Prieto Marín, liberado sindical a tiempo parcial, trabajaba como profesor de Secundaria en Murcia con una carga docente de 12 horas semanales. Al trascender que cobraba dos sueldos públicos (38.000 euros del Ayuntamiento y 29.000 de la Consejería de Educación) dimitió como jefe de personal del Consistorio oriolano el 15 de abril de 2005.

- Liquidación del presupuesto de 2004. Pagos de facturas falsas y de otras correspondientes a obras inexistentes por 11 millones de euros, según un informe del interventor accidental de la corporación, José Manuel Pons, sobre la liquidación del presupuesto de la corporación del año 2004.

- Contratos verbales. Irregularidades en los contratos de obras y servicios, según la denuncia del ex interventor de la corporación, quien sostiene que el Ayuntamiento, entre 2000 y 2005, adjudicó contratos verbales por importe superior al millón de euros. El ex interventor mantiene que las adjudicaciones vulneran la ley de contratos.

- Facturas falsas y paga extra. El fiscal pide al juez que investigue el pago de facturas falsas a la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras en el casco urbano de Orihuela desde 1988) por 240.000 euros, por supuesto lucro cesante en 2002. En esta causa el Ministerio Público también incluye el pago, mediante decreto del alcalde, de una paga extra de 180.000 euros a la plantilla de Necso para evitar una huelga de los trabajadores. Los operarios recibieron su parte proporcional, por transferencia, el 22 de diciembre de 2004.

- Moros y Cristianos. El fiscal solicita al juez que abra diligencias por las subvenciones de la corporación a la entidad festera Moros y Cristianos desde 1992. Faltan facturas y justificantes por importe de 600.000 euros. El responsable del abono de las ayudas era el concejal de Personal, Antonio Franco.

- Mandamientos de pago. Según el ex interventor, Encarna Galiano, concejal del PP entre 1999 y 2003 y actual asesora de Infraestructuras del alcalde, dejó el cargó sin justificar mandamientos de pagos por 22.000 euros.

- Conciertos municipales. Según la denuncia del ex interventor, no se ingresaron en caja las recaudaciones de los conciertos municipales durante el mandato 1999-2003. En ese periodo la concejal responsable del departamento era la actual portavoz del Grupo Municipal Popular, Mónica Lorente.

- Minuta por asunto privado. El alcalde, mediante decreto, abonó 6.000 euros a un abogado por un asunto jurídico ajeno a la corporación. Medina no ha negado el abono de esa minuta al letrado.

- Urbanismo. En el plan parcial J. I Las Piscinas hay 4.600 metros cuadrados de suelo, valorados en 2,5 millones de euros, sin justificar.

- Calle virtual. La urbanización El Presidente, según los planos oficiales del departamento de Urbanismo, recoge la calle Guatemala; sin embargo, la vía no existe en realidad.

- Casco histórico. El fiscal pide que se investiguen los desfases de las valoraciones de las viviendas incluidas en el programa de rehabilitación del casco histórico y el precio real pagado. La Consejería y el Ayuntamiento pagaron cantidades "desorbitadas" por bienes que una vez construidas valdrían muchísimo menos, según la denuncia. La oficina, dirigida por el urbanista y abogado José Vicente Escudero, estuvo activa entre 1995 y 2003.

- Aparcamiento privado para los jueces. En esta causa el fiscal incluye diversas adjudicaciones a la constructora Doalco, del promotor local Domingo Alcocer; entre otras, un aparcamiento subterráneo, a las puertas del casco histórico de la ciudad, donde el alcalde, también por decreto, paga siete plazas para uso exclusivo de los jueces de Orihuela. El coste del servicio, que Medina comenzó a abonar en abril de 2002, es de unos 9.000 euros anuales.

- Salón de plenos. Sobrecoste en las obras de ampliación del salón de plenos del Ayuntamiento. El fiscal no cuantifica en su denuncia la cuantía.

- Remodelación de la Glorieta. Sobrecoste de 3,3 millones de euros en las obras remodelación de la plaza de Glorieta Gabriel Miró. Las obras fueron ejecutadas por la firma Doalco.

Aparte de la causa principal y las 15 secundarias, el fiscal anticorrupción también ha anunciado la apertura de diligencias por el supuesto intento de soborno de la empresa Urbaser, aspirante a la nueva contrata de basuras, al alcalde y tres ediles más. Tras el escándalo, Medina ha aparcado la adjudicación y ha solicitado informes externos. Uno de los concejales implicados en el supuesto soborno, Isidro Hernández, elegido en la lista del PSPV y militante del PP desde 1990, dimitió el martes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de mayo de 2006