El Comité de Peticiones se queja de que el Consell cuestione su tarea

El presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, y el vicepresidente, Michael Cashman, respondieron ayer a través de un comunicado público a las declaraciones de varios miembros del Gobierno valenciano, que cuestionan la base de la investigación que este órgano comunitario ha seguido en torno a la ley urbanística valenciana. "Tales artículos cuestionan la integridad de los diputados que han defendido los derechos de aquellos peticionarios que se han dirigido al Parlamento de buena fe", aseguran.

Según Libicki y Cashman, el Parlamento europeo ha venido recibiendo varias peticiones sobre este tema desde 2003, entre ellas las formulada por la plataforma Abusos Urbanístico-No, que cuenta con un apoyo de aproximadamente 15.000 firmas contra la LRAU. Otras peticiones, prosiguen ambos políticos, han sido presentadas por asociaciones independientes, incluidas comunidades locales, y han servido para proporcionar información relevante. Según los europarlamentarios, han llegado al Comité de Peticiones muchos casos documentados "en los que aparentemente las autoridades locales no han respetado los derechos individuales de ciudadanos europeos que han adquirido legítimamente una propiedad".

Las peticiones se refieren, prosiguen, a las consecuencias que los proyectos urbanísticos denunciados tendrán para el medio ambiente, así como a la contratación pública y a los procedimientos de licitación. Los dos eurodiputados recuerdan que la Comisión Europea tiene abierto en la actualidad un procedimiento de infracción contra España porque la ley urbanística valenciana no atiende adecuadamente las directivas comunitarias.

El Parlamento europeo adoptó además en diciembre de 2005 una resolución, basada en la ponente Janelly Fourtou, después de que una delegación del órgano comunitario visitase dos veces esta comunidad autónoma. Y reiteran que para la Comisión de Peticiones, "la escala del problema y su impacto sobre las vidas de las personas está muy clara" y añade que seguirá trabajando para convencer a las autoridades sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones que aparecen en la resolución del Parlamento.

Los europarlamentarios reconocen que el Parlamento no es tribunal. "El propósito de la Comisión es el de continuar haciendo todo lo posible de forma extrajudicial para ayudar a aquellos ciudadanos afectados a que obtengan compensaciones", añaden, para afirmar a continuación: "La comisión es consciente de que este problema ha surgido también, aunque en menor medida, en otras regiones españolas y en este momento hay investigaciones en curso".