La fiscalía pide dos años de cárcel para Julián Muñoz por otro delito que será juzgado en junio

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que tiene un plazo hasta el martes para ingresar en prisión a cumplir condena por un delito urbanístico, será juzgado de nuevo en junio por conceder una licencia de obras contraria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad junto otros siete ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL). La fiscalía solicita una condena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación para Muñoz.

La vista oral, que se realizará entre los días 5 y 7 de junio próximos, es la cuarta que se celebra contra concejales de las corporaciones de Jesús Gil por delito urbanístico. En la primera, en marzo de 2005, Muñoz fue condenado a seis meses de prisión por haber dado licencia para las 238 viviendas del complejo Banana Beach en zona verde, que es por la que el juez le ha ordenado ingresar en prisión. En noviembre, volvió a ser sentenciado a un año de prisión por un delito similar en el caso Proinsa, y en diciembre salió absuelto de un tercer procedimiento en el que la fiscalía no llegó a formular acusación.

La licencia de obras que se va a juzgar ahora fue concedida en diciembre de 1996, lo que ilustra la exasperante lentitud con la que se han instruido los sumarios por delito urbanístico en Marbella, admitida recientemente por el propio presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas. Es una causa más de las aproximadamente medio centenar que se mantiene vivas en distintas fases de instrucción contra Julián Muñoz.

Los hechos se remontan al 20 de diciembre de 1996, cuando la comisión municipal de gobierno concedió a la promotora Moansa licencia para construir seis viviendas unifamiliares pareadas en la urbanización Huerta Belón, sobre un suelo que estaba calificado como zona verde pública en el planeamiento vigente. El fiscal considera en su escrito de acusación que los imputados conocían esta circunstancia, ya que los técnicos municipales habían emitido varios informes en los que advertían de la ilegalidad.

Muñoz era entonces segundo teniente de alcalde, pero presidió la comisión por ausencia del alcalde, Jesús Gil, que estuvo acusado en esta causa como inductor del presunto delito, y de quien era primer teniente de alcalde, Pedro Román.

Éste sí estuvo en la comisión de gobierno que el 7 de noviembre de 1997 ratificó la licencia para el proyecto de ejecución. Para Román, el fiscal solicita una pena de 18 meses de prisión porque le imputa un delito urbanístico, y no continuado como hace con Muñoz, por lo que la pena reclamada para el ex alcalde es de dos años de cárcel. En la causa está personada como acusación particular Izquierda Unida, que solicita una pena de seis meses de prisión para todos los acusados. Tanto la fiscalía como la acusación particular solicitan también que se declare nula la licencia de obras.

Entre los ex concejales que serán juzgados por el caso Moansa están Rafael González y María Luisa Alcalá, que ya fueron condenados a las mismas penas y en los mismos procedimientos mencionados que Julián Muñoz, motivo por el que ambos tuvieron que dimitir de la corporación municipal el pasado mes de noviembre, pues aún eran concejales.

Además, igual que en el caso de Julián Muñoz, el juez ha pedido el ingreso en prisión de Rafael González y de María Luisa Alcalá, situación en la que igualmente se encuentra Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa, condenado en los dos procedimientos anteriores y acusado también en el caso Moansa. Los otros ex concejales acusados son Mario Jiménez, José Manuel Pomares y Manuel Calle.