Duro golpe al fraude público

La Operación Halcón contra el fraude fiscal y la Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social persiguen hechos delictivos distintos, afectan a dos sectores profesionales muy diferentes, pero, están diseñadas por el mismo cerebro. Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz), es el presunto cabecilla de dos de las mayores tramas de fraude público que se han desarticulado en la geografía gaditana. Hasta el momento, 34 personas están implicadas, de las que seis están en prisión.

En el último trimestre de 2005 la Agencia Tributaria empieza a intensificar las inspecciones en el sector de la marroquinería de la Sierra de Cádiz. Se persigue destapar una trama de facturas falsas que compraban empresarios de la piel para desgravar en sus declaraciones de IVA y de Impuesto de Sociedades. A partir de la documentación incautada, funcionarios de Vigilancia Aduanera, que trabajan en la denominada Operación Halcón, detectan que algunas de las personas investigadas tienen bajas por incapacidad laboral que podrían no corresponderles. Tras poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, nace la Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social. Las detenciones por ambos casos se inician con tan sólo un día de diferencia.

El 6 de abril arrestan en el marco de la Operación Halcón a Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, como cabecilla de la trama de las facturas falsas en la sierra gaditana. El juez que instruye el caso, el titular del Juzgado número 2 de Jerez, Juan José Parra, decreta su ingreso incondicional en prisión. Carretero, a quien se le incautaron 750.000 euros (en metálico y pagarés) en varias cajas fuertes, continúa en la cárcel al no pagar una fianza de un millón de euros.

Un día después, el 7 de abril, la Guardia Civil detiene, ya en la Operación Karlos, a Francisco Casto, inspector médico de la Unidad de Valoración de Incapacidades de la provincia de Cádiz, del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Casto se encargaba de supervisar las bajas que facilitaban los médicos de atención primaria y otros especialistas. El magistrado Parra también dicta prisión para este funcionario. Sólo con estas dos detenciones, caían los presuntos dos máximos responsables de ambos fraudes.

Empresas pantalla

Carretero supuestamente encabeza una organización dedicada a la emisión y venta de facturas falsas que adquirían los empresarios de la marroquinería para obtener de forma irregular beneficios fiscales. Además, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, para evitar ser descubierto, iba creando de manera sucesiva empresas pantalla que emitían facturas falsas a nombre de testaferros insolventes, y, en algunos casos, indigentes, a quienes ofrecía pequeñas cantidades de dinero a cambio de firmar papeles. Se convertían así, sin saberlos, en administradores de estas sociedades.

A todo esto se suma que Carretero también pertenece a la mencionada organización dedicada a la concesión de incapacidades laborales por procedimientos ilegales. El ex funcionario del Ayuntamiento de Ubrique presuntamente contaba con la connivencia del doctor Casto, quien,desde 2003, firmó en torno al millar de propuestas favorables de invalidez.

Hasta el momento se desconoce cuántas bajas por incapacidad laboral fraudulentas expidió, pero sí ha trascendido que los beneficiarios de estas bajas falsas, abonaban hasta 24.000 euros. Cantidad que luego era repartida entre los implicados.

Además de los dos cabecillas de la trama de los informes médicos falsos, están supuestamente implicados facultativos, buscadores de clientes, compradores de las bajas, beneficiarios de esas incapacidades definitivas por las que pagaban familiares o amigos y hasta personas que se hacían pasar por los beneficiarios, en perfecto estado físico, para facilitar la deseada pensión.

Los detenidos por ambas operaciones, en algunos casos, guardan una estrecha relación. Elisa Isabel Calvente Gil, en prisión por la trama de las facturas falsas, es novia y secretaria del cerebro de la trama, Carlos Carretero. A su vez, la madre de Calvente, Isabel Gil Borrego, está imputada en la Operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social por supuestamente haber suplantado a Remedios Torres, madre de María José Campanario, en una revisión médica para que la suegra de Jesulín de Ubrique consiguiera una incapacidad. Asimismo, Juan de Dios Calvente Gil, número 2 en las listas del PP de las elecciones municipales de 2003 en Villaluenga del Rosario (Cádiz), está en libertad provisional con cargos por el fraude fiscal y es hermano de Elisa Isabel Calvente e hijo de Isabel Gil Borrego.

Laberinto familiar

A este laberinto se suman otros matrimonios, hermanos implicados y otros vínculos familiares. Así, está en libertad provisional con cargos Mari Paz Cañero Cuadrado, la secretaria del primer teniente de alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, por presuntamente tratar de comprar una baja fraudulenta para su madre, Carmen Cuadrado Rodrigo, también en libertad provisional con cargos.

Con todo, la Operación Halcón contra el fraude fiscal ha dejado a 13 detenidos, de los que cinco están en prisión: los citados Carlos Carretero y Elisa Isabel Calvente, Salvador Macías, ayudante de Carretero; Juan Fernández López, empresario de la marroquinería; y el promotor inmobiliario Mariano García.

Han quedado en libertad provisional con cargos ocho empresarios de la piel: Juan de Dios Calvente, Vicente Gutiérrez García, su mujer, Mari Ángeles Pino García; su hermano, Francisco Gutiérrez García; Yolanda Pérez Jiménez, Mª Carmen Ramos Romero, Mateo Venega Bazán y su esposa, Isabel María López Marín.

En la Operación Karlos, sólo Francisco Casto está en prisión. De los 20 imputados restantes, cuatro han quedado en libertad provisional bajo fianza y 16, en libertad provisional con cargos.

Se ha decretado libertad provisional bajo fianza para Campanario, Miguel Ángel Fernández, un trabajador que supuestamente compró una de las bajas falsificadas; Manuel Gómez, ex policía local de Prado del Rey, quien supuestamente obtuvo una baja por invalidez, y Rufino Mondéjar, un médico de una mutua de la capital gaditana.

Por último, el juez dictó libertad provisional con cargos para Mª Paz Cañero, su madre, Carmen Cuadrado; José Luis López, un conocido empresario de Ubrique, quien supuestamente habría buscado clientes para la compra de los informes médicos falsos; María Dolores García, funcionaria de un centro de salud del SAS de San Fernando (Cádiz); Luis Carretero, un médico de un centro sanitario concertado de la provincia gaditana; y Mercedes D. C., una tercera funcionaria del SAS. A estos imputados se suman otros 10 beneficiarios más de las bajas falsas: Remedios Torres Jiménez, madre de Campanario, Isabel Gil, Diego Pérez Lobato, Diego Ortega Piñero, José García Gutiérrez, Juan Luna Gallego, Manuel Sánchez Gutiérrez, María Rocío Morales, Juan José Vázquez y María Pilar Bravo Ristori. La mayoría de los beneficiarios de los informes médicos falsos desarticulados en la Operación Karlos reside en Ubrique, epicentro de la trama de las facturas falsas de la Operación Halcón.