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El mercado laboral

Más I+D para frenar la precariedad

Méndez y Fidalgo creen que la reforma laboral no basta para mejorar el mercado de trabajo

Lucía Abellán

España lidera la creación de empleo en Europa pero la tasa de temporalidad duplica la media comunitaria. La ley de prevención de riesgos laborales es un paradigma en su terreno pero cada día mueren en España cinco trabajadores en el desempeño de su trabajo. Por los logros y, sobre todo, por las tareas pendientes, los líderes de los dos principales sindicatos en España, José María Fidalgo (Comisiones Obreras) y Cándido Méndez (UGT) llaman a la movilización el Primero de Mayo. "No se puede bajar la guardia", argumenta Méndez. "Hay que evitar que se olvide que el trabajo es la primera riqueza del planeta", añade Fidalgo.

Ambos sindicalistas, que se han reunido con este periódico en la antesala del Primero de Mayo, acuden este año a la marcha con los deberes prácticamente hechos pero sin presentar. La reforma laboral está cerrada, aunque se hará pública la segunda semana de mayo. UGT y Comisiones Obreras han conseguido que en ese acuerdo figure una limitación a los contratos temporales, pues el Estatuto de los Trabajadores obligará a que todo empleado que haya encadenado dos o más contratos temporales que sumen más de dos años en un plazo de dos años y medio pasen a ser fijos. En España, uno de cada tres asalariados tiene un contrato temporal.

Fidalgo: "Los contratos temporales reflejan que se invierte en sectores de baja productividad"
Méndez: "Hay una sensación de impunidad en las empresas sobre los riesgos laborales"
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Ayer mismo, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en un mitin en Tenerife volvió a advertir que en la reforma laboral habrá "restricciones serias" a la precariedad, al tiempo que se comprometía a que durante la actual legislatura habrá tres millones de nuevos empleos.

"El acuerdo va a ser efectivo", coinciden en afirmar los dos dirigentes. Pero ni Méndez ni Fidalgo quieren llamarse a engaños. El plan puede contribuir a reducir el volumen de casi 5,3 millones de temporales que existen en España. Pero no va a cambiar la forma de organización del trabajo en el país. "La temporalidad es una muestra de que la inversión se hace en sectores con mano de obra intensiva y baja productividad", explica Fidalgo. Y Méndez advierte: "Sobre el acuerdo no se pueden depositar las expectativas del cambio de modelo productivo".

España presenta uno de los peores panoramas europeos en innovación, una de las principales herramientas para conseguir que el crecimiento se asiente en sectores con futuro. El país destina a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) el 1,07% del producto interior bruto (PIB), casi un punto menos que la Unión Europea de 25 miembros. Son datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, que constatan también que sólo el 5,7% de las exportaciones son de tecnología avanzada, frente al 18,2% de media comunitaria.

Los representantes sindicales proponen medidas para contrarrestar ese modelo económico, que se nutre fundamentalmente de consumo, construcción y servicios de bajo valor añadido. "La inversión tecnológica del Gobierno y la LOE van en la buena dirección. Habría que intensificar esas medidas. También haría falta el compromiso de las empresas para dotarse de mayor autonomía tecnológica", apunta Méndez.

Más crítico se muestra Fidalgo, para quien el patrón de crecimiento actual pone en riesgo la cohesión económica y el modelo social del país. "Hay que hacer políticas públicas que pongan a las empresas a competir en otra escala". En este contexto, el responsable de Comisiones Obreras no comparte las rebajas fiscales que va a aplicar el Ejecutivo: "¿Por qué, en lugar de rebajar a todos, no se apunta para incentivar a las empresas que apuesten por el nuevo modelo productivo? ¿Por qué, si falta cualificación de la mano de obra, no se invierte el doble en educación y en formación?". De eso depende la mejora económica del país y no tanto de si se pacta o no un determinado contrato para reducir la temporalidad, según Fidalgo.

Una vez sentadas las bases para fomentar la estabilidad en el mercado laboral queda pendiente la principal lacra del mercado laboral español: su elevada siniestralidad. En España mueren casi siete personas de cada 100.000 ocupados, frente a cuatro en la Unión Europea. "Estos datos tienen que llamar la atención de las autoridades", señala Fidalgo, que no entiende por qué se cambia el carné de conducir para reducir los siniestros en carretera y no se toman medidas similares en el mercado de trabajo. El líder de Comisiones Obreras asegura que los sindicatos están cumpliendo su función en este terreno y que lo abultado de las cifras, que el año pasado fueron a peor, hay que atribuirlo a las autoridades. "La Administración no puede delegar en la sociedad. No se cambian las cosas exhortando a los empresarios a que cumplan la ley". El acento hay que ponerlo en la inspección de trabajo, que está "anoréxica".

Cándido Méndez carga más las tintas en los ámbitos empresarial y judicial. "La situación de impunidad es tal que hay empresarios que piensan que pueden eludir la vía penal con una compensación económica", asegura. Méndez aporta un dato espeluznante. Sólo el 4,2% de las empresas donde se ha producido un accidente mortal cumplían con todos los requisitos de prevención exigidos. "Hay un incumplimiento muy generalizado de la ley", indica Méndez, a lo que Fidalgo añade: "Otras leyes se aplican con mucha contundencia, por ejemplo la del tabaco, ¿por qué ésta no?".

Los dos sindicalistas confían en que el recién creado fiscal del Tribunal Supremo para la siniestralidad laboral, Juan Manuel Oña, contribuya a frenar el millón de accidentes que se producen cada año en España, principalmente los más de 1.000 que terminan con la muerte del trabajador si se incluyen los que se producen en el trayecto del trabajo a casa. "Pero la fiscalía necesita medios suficientes", enfatiza Cándido Méndez.

A falta de medidas más específicas, la reforma laboral contiene algunos elementos para controlar la cadena de subcontratación que pueden contribuir, en opinión de UGT y CC OO, a suavizar este problema. Ninguna empresa podrá subcontratar con otra si lo único que ofrece esta segunda es mano de obra, sin contar con una actividad propia que justifique la subcontratación. Además, los sindicatos de una empresa principal podrán representar a los trabajadores de una subcontrata siempre que ésta comparta el mismo centro de trabajo y carezca de representación propia. El acecho de los comités de empresa, según los sindicatos, hace de los centros de trabajo lugares más seguros.

Más allá de las medidas paliativas, los sindicatos son realistas. "Prohibir las subcontratas es imposible, pero si al menos donde existen hay más inspección, estupendo", sentencia Fidalgo.

De todos los colectivos que tienen motivos para movilizarse el Primero de Mayo, las mujeres constituyen el más numeroso. Ellas soportan una tasa de paro (12,22%) que duplica la masculina (6,81%). También sufren más temporalidad (aproximadamente cinco puntos más que los hombres, según datos de UGT) y perciben peores salarios (un 40% menos de media, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística).

Los sindicatos están especialmente satisfechos de dos leyes aprobadas en el último año, la de igualdad y la de dependencia. Creen que estos dos instrumentos servirán para mejorar la situación de la mujer en el mercado laboral. Obligar a que empresarios y trabajadores negocien en sus convenios medidas de igualdad, como establece la norma, lo consideran una victoria del movimiento obrero.

"Las medidas de igualdad no son para provocar sarcasmos. Son medidas justas y no son limitadas; la prueba es que hubo gente que puso el grito en el cielo", asegura Fidalgo en referencia al rechazo frontal de la patronal cuando se anunció esta ley que pretende fomentar la equiparación entre hombres y mujeres en el trabajo.

Méndez va más allá e insta a los hombres a hacer una reflexión sobre los motivos que explican la discriminación de la mujer en el mercado laboral. "Debemos plantearlo como un conflicto de clase. Los empresarios no se oponen a la ley por machistas, sino que lo que pretenden es mantener un ejército de mano de obra barata, que es la mujer. Eso hay que resolverlo, porque afecta a todos, no sólo a las mujeres", subraya.

Los dos sindicalistas rechazan el argumento esgrimido por numerosos empresarios de que la ley no es aplicable en muchos centros de trabajo. Ninguno de los dos duda en afirmar que la norma es perfectamente aplicable en sus propias organizaciones. "Claro que sí", responde Fidalgo. "En CC OO no hay discriminación pero se pueden hacer muchas cosas más, por ejemplo, incentivar, en igualdad de condiciones, a la mujer".

Méndez añade: "Nosotros tenemos incorporadas resoluciones de igualdad para los órganos de dirección". El líder de UGT dirige sus críticas hacia el poder económico: "Hay empresas del Ibex 35 con un 40% de mujeres en plantilla y menos de un 2% en la directiva. Es un desfase brutal".

Respecto a la ley de dependencia, que permitirá crear una red de atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas, Méndez confía en que sea una "palanca" para acabar con la discriminación de la mujer en el cuidado de los dependientes, una labor de la que se ocupa casi en exclusiva. "Que la ley defina una alternativa para que puedan estar dadas de alta y coticen remedia esta situación. También que se establezca un servicio profesionalizado para atender a las personas dependientes".

Más allá de las reivindicaciones laborales clásicas, los sindicatos son conscientes de que se enfrentan a nuevos retos en un mercado laboral en constante evolución. En los últimos años ha comenzado a calar la tendencia de individualizar las relaciones laborales, es decir, que en muchas ocasiones las condiciones del trabajador se desmarcan del convenio colectivo y, en el mejor de lo casos, se acuerdan con el empresario.

Tanto UGT como Comisiones Obreras observan con recelo estas prácticas, aunque dudan de su importancia cuantitativa. "La negociación colectiva no estará en peligro mientras los sindicatos tengamos fuerza. Donde no hay sindicatos el empresario campa a sus anchas", indica Fidalgo.

Eso no implica que las centrales se nieguen a la flexibilidad interna. "Somos partidarios de corresponsabilizarnos con la flexibilidad de las empresas, pero de forma coherente con la calidad en el empleo. No estamos de acuerdo con los elementos que mantengan una lógica de competir en función de costes laborales baratos", señala Méndez. Fidalgo se muestra abierto a que dentro de la negociación colectiva se puedan regular incentivos a la productividad del trabajador, a su capacitación profesional...

Una de las escasas materias en las que discrepan los dos sindicalistas es en la racionalización de los horarios, más acorde con la tendencia europea. Fidalgo se muestra más esperanzado, y celebra que el Ejecutivo fomente este debate, pero Méndez sentencia: "No soy optimista en este sentido".

José María Fidalgo (izquierda) y Cándido Méndez, en la presentación del Primero de Mayo de 2006.
José María Fidalgo (izquierda) y Cándido Méndez, en la presentación del Primero de Mayo de 2006.EFE

Una agencia para la inmigración

La inmigración es quizá el principal reto al que se enfrenta el mercado laboral español desde hace algunos años. Cándido Méndez va más allá: "Es el principal reto de la humanidad y de los sindicatos". En los últimos años han entrado en España millones de extranjeros y muchos de ellos han encontrado acomodo en el mercado laboral. De los 18,4 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 9,54% son extranjeros, la mayoría de países ajenos a las fronteras comunitarias.

Tanto Méndez como Fidalgo celebran este fenómeno como una gran aportación al mercado laboral, pero son conscientes del riesgo que supone una mala gestión. "Ha sido una bendición para la economía y para muchas empresas pero a medio plazo se puede convertir en una maldición si no se aprende a manejarlo. No podemos ser un país de puertas abiertas, tenemos que saber qué necesitamos", explica Fidalgo. Méndez coincide en el diagnóstico: "Hay que garantizar el control de los flujos migratorios y mantener una posición prioritaria de apoyo económico al desarrollo de los países origen de la inmigración".

El principal escollo de la política migratoria actual es su excesiva descentralización (las comunidades autónomas reclaman cada vez más competencias), que impide una mirada común sobre un fenómeno que afecta a toda Europa. Como solución, Fidalgo propone crear una agencia nacional para la inmigración que centralice las políticas en este terreno. Se trataría, según el responsable de Comisiones Obreras, de un órgano de reflexión y opinión que rindiera cuentas periódicas sobre su función y presentara un informe anual sobre el panorama de la inmigración en España.

También Méndez está de acuerdo en crear un órgano con dimensión nacional para abordar este asunto. No sólo en España, pues los países comunitarios carecen de una política común sobre los flujos migratorios.

Fidalgo y Méndez valoran el proceso de regularización de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno el año pasado y el líder de UGT destaca que ha servido como ejemplo en el proceso que está acometiendo ahora Estados Unidos para legalizar a 12 millones de inmigrantes.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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