Los sindicatos de la UPV critican que el Rectorado se alinee con Educación

Los sindicatos de la UPV extendieron ayer al Rectorado sus críticas, tras el fracaso de la reunión del jueves con el Departamento de Educación para negociar la mejora salarial de los 4.200 docentes de la universidad pública. A su juicio, el equipo que encabeza Juan Ignacio Pérez, que, según denunciaron, ha abandonado "su ambivalencia" anterior para mostrar "una postura coincidente" con el departamento que dirige Tontxu Campos (EA).

Tras depositar el nuevo preaviso de huelga en la sede del Gobierno vasco en Bilbao, las centrales defendieron la elección de las fechas del paro, el 15 y 16 de este mes, como "un ejercicio de responsabilidad que pretende evitar consecuencias más graves". Respondieron de esta forma a la preocupación ante la posibilidad de nuevas movilizaciones en el periodo de exámenes, que comenzará dentro de un mes. Sin embargo, no las descartaron, e incluso las insinuaron, en el caso de que Educación no modifique su postura. "Estamos posiblemente ante la última oportunidad de reconducir la situación sin un grave perjuicio para nuestra universidad. Si no lo hace, lo que ocurra entonces será responsabilidad suya", advirtieron.

Los representantes sindicales del profesorado de la UPV volvieron a calificar de "provocación" el "no a todo" con el que, según valoraron, se presentó la viceconsejera de Universidades, Ibone Amezaga, en la reunión celebrada el jueves en Vitoria. "La consejería y el Rectorado", criticaron, "han actuado como si el 29 de marzo no se hubiera producido en la UPV una huelga como no se recuerda en la historia de nuestra universidad", criticaron.

Los representantes sindicales rechazaron la acusación del departamento de que su voluntad de negociar se vio frenada por las posturas "maximalistas" de las centrales. "La viceconsejera comenzó con un 'no a todo' literal. La postura maximalista ha sido la suya", replicó Gonzalo Maestro, de CC OO. De hecho, tanto Maestro como la representante de STEE-EILAS, Arantza Urkaregi, y del resto de sindicatos (ELA, LAB, CSIF y UGT) insistieron en subrayar que las condiciones que reclamaban para la apertura de una negociación (paralización del decreto de complementos, discusión sobre un aumento generalizado de salarios y disponibilidad presupuestaria para ese incremento) representaban "los mínimos" con los que entablar el diálogo.

Negaron asimismo que, como se señalaron desde el departamento, la subida lineal estimada, fijada en 6.000 euros brutos anuales, se presentara como una exigencia inamovible. No dieron tampoco credibilidad a la imposibilidad apuntada por Educación de aumentar la partida presupuestaria. "No es un problema de disponibilidad de dinero, sino de voluntad política".