Especialistas en corrupción

La Operación Ballena Blanca, la más ambiciosa realizada hasta el momento contra el blanqueo de dinero, dejó constancia hace un año de que la Costa del Sol se ha convertido en un lugar predilecto para las mafias, porque el gran desarrollo urbanístico les brinda una buena oportunidad de invertir en negocios legales el dinero que obtienen con sus actividades delictivas, especialmente el tráfico de droga.

El boom inmobiliario oculta además numerosas irregularidades urbanísticas como las que están emergiendo en Marbella. Los 15 años de gobiernos del GIL han dejado una herencia judicial de 389 recursos contencioso-administrativos contra licencias municipales y centenares de denuncia que han dado origen a la apertura de medio centenar de sumarios por delito urbanístico.

El 'boom' inmobiliario en la Costa del Sol oculta irregularidades urbanísticas

La respuesta judicial ha sido lenta y poco eficaz. Y para corregirlo, una docena de jueces de la provincia (tres adscritos a la Audiencia Provincial, otros tantos a los juzgados de Málaga y de Marbella, dos de Fuengirola y uno de Torremolinos) reciben cursos especializados en asuntos urbanísticos y económicos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Arroyo Fiestas, explicó que este tipo de delitos, tan al uso en la zona, "requieren un grado de especialización muy alta, porque supera las circunstancias normales, con connotaciones a veces internacionales, y que exige una respuesta acorde".

Tanto la Operación Ballena Blanca como la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella, ambas instruidas por el mismo juez, Miguel Ángel Torres, evidencian esas dificultades, porque se requiere investigar a sofisticadas redes de sociedades interpuestas creadas para ocultar el patrimonio y las actividades de los presuntos delincuentes.

Los cursos de especialización tienen por objeto, según Arroyo Fiestas, que las instancias judiciales "no nos quedemos ni atrás ni a un lado de este tipo de circunstancias". Estos jueces que está formando el Consejo General del Poder Judicial actuarán como "asesores" del resto de jueces de la provincia, según Arroyo Fiestas, que apostó por que "no pasará mucho tiempo" hasta que el CGPJ se plantee la necesidad de crear juzgados especializados en este tipo de delitos en algunas provincias. Según Arroyo Fiestas, el número de causas aún no justifica la apertura de esos juzgados.

Dicho eso, el presidente de la Audiencia de Málaga reconoció que esta instancia carece de efectivos suficientes para enjuiciar los casos Ballena Blanca y Malaya, cuestión que ya ha trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo. "Los juicios de estos casos tardarían seis meses y supondría para esta Audiencia un esfuerzo impresionante, y no podríamos permitirnos paralizar una sección entera sólo con un asunto", por lo que cree que será necesario crear una sección especial. Con todo, advirtió de que el caso Ballena Blanca posiblemente se juzgue en la Audiencia Nacional.