Manifiestamente mejorable

Sostiene la autora que las malas condiciones de trabajo suponen un factor fundamental de la elevada siniestralidad laboral.Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en 2005 murieron 990 personas en accidentes de trabajo, el 3,6% más que el año anterior. Tenemos unos índices de siniestralidad de los peores de toda la Unión Europea (uno de cada cuatro muertos por accidentes de trabajo ocurre en España).

Se acaban de cumplir 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, aunque poco a poco las empresas van aceptando cumplir sus contenidos (por lo menos en lo formal), el objetivo fundamental de la norma, que era disminuir la siniestralidad y mejorar las condiciones del trabajo, dista mucho de ser conseguido. En las conclusiones de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo se indica que hay un aumento de daños reales o potenciales con una mayor morbilidad percibida respecto a 1999. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) considera que esto se debe, entre otras causas, al agravamiento de ciertas condiciones laborales.

Los trabajadores saben perfectamente que están sometidos a riesgos de accidentes, y lo asumen

El 73,7% de los trabajadores manifiesta que su puesto laboral presenta algún riesgo de accidente y dentro de las causas de los accidentes la última y de menor importancia (0,4%) es la de que se trabaja sin la formación suficiente. Es decir, los trabajadores saben perfectamente que están sometidos a riesgos de accidentes, y lo asumen. Esto me recuerda, salvando las distancias, a la corrupción existente en Marbella, que todo el mundo conocía desde hacía muchos años pero nadie actuaba; en unos casos, para no poner en peligro un negocio muy lucrativo, en otros por miedo real a represalias, y en ciertos casos por desidia.

Si realmente se quisiera actuar sobre la siniestralidad y la prevención de riesgos se conseguirían buenos resultados, porque el accidente laboral es el indicador más inmediato y evidente de unas malas condiciones de trabajo. Hay que entender como tal todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, y que es normalmente evitable (en el 80% de los casos, según la Organización Internacional del Trabajo-OIT).

La UE obligó en 1989 a sus Estados miembros, con una Directiva Marco de mínimos, a armonizar una serie de medidas para promover la mejora de la Seguridad y la Salud de sus trabajadores y para disminuir los índices de siniestralidad laboral. España, a regañadientes (bajo amenaza de sanción), transpuso la directiva y creó -de manera totalmente diferente a todos los países europeos que conozco- servicios de prevención privados y dedicó gastos millonarios en formación para los trabajadores, porque consideró que el mayor déficit que teníamos era que nos faltaba conocimiento de los riesgos y cultura preventiva. Esto último ha sido positivo, en mi opinión, pero no nos podemos quedar aquí. Es el primer paso y, como lo aprecia la V Encuesta de Condiciones de Trabajo, los trabajadores ya conocen y perciben sus riesgos, aunque los asumen, posiblemente por miedo a perder su puesto de trabajo en unos casos, por exceso de confianza o por fatalismo en otros.

No son los trabajadores quienes debieran exigir a sus empresarios la mejora de sus condiciones de trabajo; para ello están sus representantes (muchos de ellos liberados del trabajo y protegidos frente al despido por las leyes y por su sindicato) y, sobre todo, para ello están o deberían estar los técnicos de los servicios de prevención.

Pero los servicios de prevención españoles, como se ha indicado, son servicios privados que funcionan como un negocio. Y si exigen a sus clientes -los empresarios- que gasten en seguridad o mejoren las condiciones laborales, posiblemente pierdan a esa empresa. Buscará otro servicio de prevención menos exigente o, lo que es peor, dicho servicio de prevención despedirá tranquilamente a ese técnico meticuloso que le ha hecho perder dinero.

Para evitar esto, países como Francia o Alemania, entre otros, han afianzado la independencia profesional de sus técnicos con medidas de protección adicional a las mínimas garantías que establece la Directiva Marco europea para los profesionales que trabajan en Servicios de Prevención Propios (para los ajenos no hay nada contemplado porque en el espíritu de la directiva y de la OIT éstos deberían ser una excepción). Esos países han hecho de la prevención, realmente, el eje del sistema, poniendo las medidas adecuadas para que funcione, pues no se puede decir que lo más importante es la prevención y organizar unas estructuras que no pueden funcionar; o afirmar que uno de los problemas es que faltan médicos del trabajo cuando la realidad es que se ofertan pocas plazas MIR de dichos especialistas, sin financiación o en precario. Con lo cual pocos médicos son tan incautos como para querer involucrarse en una especialidad con un futuro incierto, con poco atractivo económico comparada con otras y poco o nada apoyados por sus autoridades laborales en caso de problemas.

Por otro lado, los sindicatos deberían ayudar a los técnicos de los servicios de prevención en la tarea común de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en vez de actuar como sus enemigos. Porque, aunque sea más fácil y demagógico acusar a los demás de ineficacia, la prevención es cosa de todos y no sólo un medio para conseguir mejoras económicas, como suelen constatar los inspectores de trabajo, que suelen recibir más denuncias por los sindicatos de incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos cuando se está negociando el convenio.

Los sindicalistas son fundamentales para la mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en estos tiempos en que cada vez los trabajadores vamos a tener menos derechos laborales. Pero también necesitan mejorar su independencia con respecto a su jerarquía sindical y que sea el compañero, su salud y bienestar, su prioridad en vez de las directrices del sindicato o las promesas de afiliación.

Sin esta mejora de los cimientos del entramado preventivo, dudo mucho de que haya grandes resultados y sólo quedará el recurso a la Inspección de Trabajo y a los jueces, acercándonos a los países anglosajones, como Gran Bretaña, que tiene un sistema preventivo mediocre -porque el eje del sistema es la obligación de resultados de sus empresarios-, con severas sanciones penales.

María Reyes Núñez es médico especialista en Medicina del Trabajo.