Los 4 juzgados mercantiles de Barcelona registran más casos que los 7 de Madrid

En los cuatro juzgados mercantiles que hay en la ciudad de Barcelona se han registrado en el primer trimestre de este año 1.020 asuntos, mientras que en los siete juzgados de la misma especialidad que hay en Madrid han ingresado 994 casos. Es decir, una media de 255 expedientes en cada juzgado de la capital catalana, frente a una media de 142 asuntos en la capital de España. Una diferencia considerable que ha llevado a los jueces afectados a reclamar más dotaciones porque la saturación no sólo perjudica a los afectados, sino al conjunto de la economía.

Los juzgados mercantiles se crearon en septiembre de 2004 para asumir pleitos civiles que hasta entonces tramitaban los juzgados de primera instancia: desde suspensiones de pagos o quiebras de empresas (ahora llamados procedimientos concursales) hasta impugnaciones de acuerdos de sociedades, la responsabilidad de sus administradores o infracciones de derechos de autor, marcas o patentes. En Barcelona se pusieron en marcha cuatro juzgados y en Madrid cinco. En esos primeros 15 meses de funcionamiento en Barcelona se tramitaron 4.909 casos. Es decir, 1.227 por juzgado, frente a los 3.509 de Madrid. O sea, 702 asuntos por juzgado.

A la vista de que estas cifras superaban ampliamente los módulos de trabajo que establece el Consejo General del Poder Judicial de 350 asuntos por juzgado y año, se crearon más juzgados. Pero sólo en Madrid, donde no hacían tanta falta. La capital de España tiene desde que empezó este año dos juzgados mercantiles más, mientras que Barcelona sigue con los mismos, a pesar de que no sólo soportan más carga de trabajo, sino un mayor número de procedimientos concursales, que resultan muy complejos de tramitar, explica Luis Rodríguez, titular del Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona.

Según la estadística del propio Consejo General del Poder Judicial, los cuatro juzgados mercantiles de Barcelona, más cada uno de los que hay en Girona, Tarragona y Lleida, acumulaban 218 concursos pendientes de resolución hasta el tercer trimestre del año pasado, mientras que los siete de Madrid tenían 133. Esos son los casos más farragosos y complicados de resolver, en los que en ocasiones no sólo están en juego miles de millones de euros, sino, por ejemplo, el futuro de centenares de familias. Un juzgado mercantil de Madrid, sin ir más lejos, es el que ha paralizado la OPA de Gas Natural sobre Endesa y estableció que la eléctrica depositara una fianza de 1.000 millones de euros.

Empresas liquidadas

El 99% de los procedimientos concursales son liquidaciones de empresas y tardan una media de un año en tramitarse. Eso requiere una gran dedicación del juez para distribuir el patrimonio de la sociedad de forma ordenada y por la prioridad que marca la ley. Primero, los trabajadores; después, los acreedores, y finalmente, las compañías aseguradoras.

En este sentido, resulta ilustrativo el caso de un juzgado mercantil de Barceona que está está tramitando la liquidación de una empresa con 300 trabajadores afectados y en la que saldrá a subasta un edificio valorado en 40 millones de euros. Hasta que el juez resuelva, los trabajadores no podrán percibir el subsidio de desempleo o las indemnizaciones que les correspondan tras la liquidación del patrimonio de la empresa.

"A veces tienes la sensación de estar enterrando empresas, pero lo has de hacer con dignidad y velando primero por los intereses de los perjudicados", explica el magistrado Luis Rodríguez. "Y un juzgado al borde del colapso no puede investigar situaciones que pueden ser irregulares y en las que ha podido haber un alzamiento de bienes que perjudica no sólo a los trabajadores, sino también al conjunto de la economía productiva", puntualiza el juez. "Aquí se están manejando unas cifras extraordinarias y lo que tiene que hacer el juez es controlar a quien controla la liquidación para proteger al más débil", añade.

Pese a la saturación actual, en Barcelona se está señalando para el mes de julio el juicio de un asunto nuevo que entra en Barcelona, mientras que en Madrid la fecha que se está dando es 2007. "Estamos en un equilibrio muy precario y la única opción para salir del atasco es crear más juzgados", asegura. El Ministerio de Justicia ya ha anunciado que el 1 de julio habrá otro nuevo juzgado.

Los gráficos adjuntos demuestran la enorme desproporción entre los juzgados mercantiles de Cataluña, siete en total, y los de Madrid, también siete. Los llamados monitorios son reclamaciones de deudas líquidas documentadas de hasta 30.000 euros. Hasta el tercer trimestre del año pasado había en Cataluña 138 asuntos pendientes de este tipo, frente a los 22 de Madrid. Los procedimientos ordinarios están más equilibrados (342 frente a 293), mientras que los casos cn sentencia firme que sólo están pendientes de ejecutar son 106 en Madrid y 161 en Cataluña. En esta comunidad se había señalado la celebración de 335 asuntos, frente a los 241 de Madrid.

Desproporción

El segundo gráfico es todavía más indicativo. Los concursos abreviados pendientes, que son aquellos en los que el pasivo es inferior a un millón de euros, son muy distintos en Barcelona (121) y en Madrid. Los ordinarios, que son los que superan el millón de euros de pasivos, son prácticamente los mismos.

También existe una enorme desproporción en lo que antes de llamaba expedientes de regulación de empleo. En el conjunto de Cataluña entraron 13 casos durante el primer año de funcionamiento de los juzgados mercantiles y en Madrid fueron cuatro. Lo mismo ocurre con los expedientes laborales. Han entrado 18 casos en Cataluña y cuatro en Madrid.

Luis Rodríguez recuerda que, pese a todo, los juzgados siguen funcionando y que eso no se entiende sin la profesionalidad que están demostrando los funcionarios. Y eso que en un juzgado de primera instacia, que es el que antes tramitaba estos casos, hay 11 funcionarios, y en uno mercantil, ocho.

No sólo sobre quiebras deciden estos jueces. Luis Rodríguez tiene sobre la mesa un asunto en el que debe decidir si la fabricación de un genérico infringe o no la patente del producto. También están en juego miles de millones. Lo mismo ocurre en otro caso entre la empresa cosmética L'Oreal contra Astor. O de Adidas y Nike, a la greña en el juzgado por un contrato sobre las botas que puede calzar o no el juzgador del FC Barcelona Leo Messi.