El juez deja libre sin cargos al empresario Tomás Olivo
El empresario cartagenero Tomás Olivo, relacionado con el cerebro de la trama de corrupción destapada en Marbella, Juan Antonio Roca, se personó ayer en el Juzgado número 5 para prestar declaración ante el magistrado Miguel Ángel Torres acompañado de su abogado, Antonio Ruiz Villén, que fuera juez en Marbella. El juez puso en libertad a Olivo tras tomarle declaración sin adoptar medida alguna contra él ni imputarle ningún delito, según fuentes judiciales.
El que fuera uno de los empresarios más favorecidos por el fallecido alcalde marbellí Jesús Gil llegó ayer por la mañana a los juzgados en un taxi y de forma muy discreta al ser citado por el juez Torres, quien le interrogó sobre aspectos relacionados con la Operación Malaya.
Su abogado, Antonio Ruiz Villén, trabaja en el bufete de Salvador Guerrero, vocal de la gestora de Marbella a propuesta del PP.
Tomás Olivo constituyó un la sociedad General de Galerías Comerciales, SL., empresa promotora del centro comercial La Cañada, y seis días después el Ayuntamiento de Marbella asumió una supuesta deuda de 5.000 millones de pesetas con la sociedad. Como el Ayuntamiento de Marbella no tenía liquidez ni forma de atender la supuesta deuda, entregó bienes a la empresa General de Galerías Comerciales por un valor real aún superior, según constató el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes de fiscalización del consistorio. Se desconoce quién hizo la valoración de los bienes entregados a la sociedad de Tomás Olivo.
La mujer de Juan Antonio Roca regenta una tienda en el centro comercial La Cañada, cuyas obras de ampliación han sido paralizadas por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque fueron autorizadas por decreto por Julián Muñoz sin cumplir ninguno de los trámites previos preceptivos sobre suelo no urbanizable. Pese a ello, las obras están prácticamente concluidas.
El juez Miguel Ángel Torres desestimó ayer el recurso de la defensa de la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos contra el auto de prisión al entender que existe riesgo de fuga y de manipulación de la investigación, informa la agencia Efe. García Marcos se encuentra en prisión desde el pasado 2 de abril imputada de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar precios públicos. El juez también rechazó el recurso que pedía la nulidad de las actuaciones y se declaró competente para instruir el caso.
La policía ha encontrado otros 200.000 euros ocultos en un zulo en una de las propiedades de las sociedades presuntamente controladas por el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
