La Ley de Víctimas incluirá medidas de reinserción laboral y ayudas a la vivienda

La nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, que prepara el Gobierno en estrecho contacto con el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, tendrá un carácter "integral" y "asistencial", que trascenderá el contenido de reparación económica y de reconocimiento social de la ley vigente, de octubre de 1999. Entre las medidas más sobresalientes figurarán el compromiso del Gobierno de lograr la reinserción laboral de aquellas víctimas afectadas por las secuelas del terrorismo, así como su acceso preferente a la vivienda, al situar a las víctimas entre los colectivos privilegiados por el Plan de 2006-2008.

El Gobierno pretende aprobar el borrador de la ley en Consejo de Ministros e iniciar su tramitación parlamentaria antes de finalizar el actual periodo de sesiones, el 30 de junio. Previamente, el Alto Comisionado para las Víctimas pactará el borrador con los ministerios afectados (Trabajo y Asuntos Sociales; Sanidad; Educación; Vivienda; Justicia e Interior), así como con los colectivos de víctimas y asociaciones policiales, según señala José Manuel Rodríguez Uribe, director del Comisionado. A su vez, el Gobierno, una vez que redacte el borrador, tratará de pactarlo con el PP, tal y como anunció el presidente del Gobierno hace mes y medio en el Congreso.

La nueva ley pretende, en primera instancia, ordenar y asumir toda la legislación anterior sobre víctimas del terrorismo, incluida la ley más importante, la de 1999, promulgada durante la anterior tregua de ETA, y toda la reglamentación.

Por ello, será también una ley de indemnizaciones -cuyas cifras se actualizarán, respecto a 1999- y de reconocimiento honorífico de las víctimas. En este extremo, se introducirá la novedad de que las víctimas serán condecoradas de oficio, sin necesidad de solicitarlo.

Pero la principal novedad de la nueva ley -que posiblemente se denomine ley integral de asistencia a las víctimas del terrorismo- radicará en su carácter integral, que afectará a varios ministerios, como sucedió con la Ley de violencia de género. "La experiencia de años de terrorismo lleva a concluir que el problema de las víctimas no es sólo económico y de reconocimiento social. Afecta a muchos campos, desde la asistencia médica y psicológica hasta la reinserción social. Para ello se necesita una ley integral", señala Rodríguez Uribe.

Como tal ley integral, el proyecto abarcará terrenos múltiples. En materia de vivienda, el colectivo de víctimas del terrorismo pasará a engrosar el de los colectivos privilegiados, como el de los jóvenes, para el acceso privilegiado a la vivienda en el plan gubernamental 2006-2008.

Las víctimas del terrorismo tendrán, asimismo, asistencia jurídica gratuita, del mismo modo que lo tienen las mujeres maltratadas, de acuerdo con la Ley de violencia de género.

La reinserción laboral de las víctimas del terrorismo será otro compromiso de la nueva ley. La Administración deberá ofrecer una salida laboral a casos como los albañiles que, debido a las secuelas del terrorismo, no pueden trabajar en su empleo anterior, a causa del vértigo, o a mecanógrafas que hayan perdido los dedos.

La institucionalización de la figura del tutor para jóvenes estudiantes con dificultades, especialmente universitarios, con secuelas físicas o psíquicas, debido al terrorismo, también se recogerá la nueva ley. En materia sanitaria, la ley integral reforzará la asistencia psicológica de las víctimas del terrorismo y concentrará la asistencia sanitaria, actualmente muy dispersa.

Otra pretensión importante de la nueva ley consistirá en reducir las diferencias entre las víctimas beneficiarias de las indemnizaciones por terrorismo, que se acrecientan entre quienes disponen de una sentencia firme sobre su caso y las que no la disponen por estar huidos los terroristas o no existir pruebas claras de la autoría concreta. El objetivo de aminorar las diferencias se extenderá, también, a las pensiones de las víctimas.

El reconocimiento como víctimas de los ciudadanos españoles que hayan sufrido el terrorismo en el extranjero es otro de los capítulos complejos que abordará la nueva ley integral.

En materia administrativa, la ley pretende reforzar la coordinación interministerial en la tramitación de la atención y ayuda a las víctimas, avanzando hacia una ventanilla única.