Una norma que beneficiará a más de 17.000 personas
El colectivo de víctimas del terrorismo, al que va dirigida la futura ley integral, está formado por más de 17.000 personas en España, según fuentes del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
Se considera víctima a la persona afectada directamente por una acción terrorista así como a los familiares más directos de los fallecidos, como el esposo o la esposa, los hijos y padres. Sin embargo, no se consideran víctimas del terrorismo a los hermanos de los muertos en un atentado.
La ley vigente, publicada en octubre de 1999, limita los beneficios de las víctimas a las distinciones honoríficas, como la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, y a las indemnizaciones.
La norma distingue, a efectos de las cantidades que otorga el Estado, entre el fallecimiento de la víctima y sus distintos grados de incapacidad:
- Fallecimiento: 138.000 euros (23 millones de las antiguas pesetas), que perciben los familiares más directos de las víctimas.
- Gran invalidez: 350.000 euros (65 millones de pesetas).
- Incapacidad permanente absoluta: 96.000 euros (16 millones de pesetas).
- Incapacidad permanente total: 48.000 euros (8 millones de pesetas).
- Incapacidad permanente parcial: 36.000 euros (6 millones de pesetas).
El Gobierno pretende, con la nueva ley integral, actualizar al alza estas cifras indemnizatorias. La nueva ley integral surge como consecuencia de la experiencia acumulada en España por la acción del terrorismo etarra y del terrorismo islamista, en el que destaca especialmente el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
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