Una desaparición muy misteriosa

¿Puede desaparecer de un juzgado un caso que ocupa cientos de folios? Sí. ¿Puede haberse reconstruido la causa y haber vuelto a desaparecer? También. Ni una ni dos, sino en tres ocasiones. ¿Y puede suceder que una de esas pérdidas o extravíos fuese durante el traslado del expediente en furgoneta de un edificio judicial a otro? Efectivamente.

Demasiadas casualidades para no pensar mal. Tantas, que la fiscalía ha ordenado la apertura de diligencias para que la policía investigue lo ocurrido y a los posibles autores. El caso en cuestión son unos vertidos efectuados por una empresa de Vilafranca del Penedès.

Se trata de una de las 49 causas por delitos del medio ambiente que están pendientes de juicio. La más antigua de todas data de 1994 y se refiere al incendio ocurrido en Gargallà. La causa principal del retraso es la demora de los tribunales en fijar la fecha de la vista, en especial la Audiencia de Barcelona, que el año pasado sólo celebró cuatro vistas de las siete que señaló. Peor fue en el año 2004, cuando sólo celebró un juicio. La otra cara de la moneda son los juzgados de lo penal de la provincia de Barcelona, que celebraron los 13 juicios previstos.

El fiscal relata que es precisamente la Audiencia de Barcelona la que juzga los casos de mayor gravedad de vertidos y emisiones contaminantes, que son también los que tienen más influencia sobre la salud pública.

La fiscalía especial de medio ambiente de Barcelona, creada hace 17 años, interpuso el año pasado 27 querellas, frente a las 12 del año anterior. Explica Pérez de Gregorio que ese dato no implica necesariamente que se cometan más delitos, sino que depende de la conclusión de las investigaciones policiales y de la recopilación de datos que incriminen a los afectados. La inmensa mayoría de las querellas fueron por delito contra la fauna protegida.

El fiscal tiene, además, otros 16 casos que está investigando y que se hallan pendientes de que se le remita el atestado policial. Los juzgados, por su parte, están instruyendo otros 68 asuntos. La fiscalía asegura que muchos de esos casos se retrasan de manera no deseable por un exceso de garantías, como el interés del juzgado en localizar a los propietarios de un bosque que se ha incendiado.