El desdén de la justicia

La excarcelación de nueve narcotraficantes condenados a penas de entre 7 y 31 años de prisión por la desaparición del juzgado del magistrado Juan del Olmo de decenas de cintas con escuchas telefónicas de los cabecillas de la red ha sido el último episodio entre los abundantes fallos de la Justicia en su combate contra el terrorismo, la corrupción y el narcotráfico. Fallos clamorosos que se repiten una y otra vez, que se saldan sin mayores consecuencias y casi siempre sin responsables.

La mayoría de estos fracasos se concentran en la Audiencia Nacional por razones obvias: es la jurisdicción especializada en estos delitos. Pero tampoco es infrecuente constatar que en algunas localidades bien significadas como Marbella, algunos jueces han establecido vínculos con la corrupción, como Pilar Ramírez -expulsada de la carrera judicial y readmitida después- o han propiciado episodios como el robo de sumarios de Jesús Gil, caso cerrado tras el suicidio de un agente judicial.

Un error de cómputo dejó libre dos años antes al jefe de los islamistas del 11-M

La pérdida de cintas en el juzgado de Del Olmo obliga a excarcelar a nueve narcotraficantes

¿Por qué se siguen produciendo fugas de presos a punto de ser juzgados o excarcelaciones irremediables por el transcurso de los plazos legales? Las culpas se diluyen entre la diversidad de cuerpos de funcionarios y entre los distintos escalones del procedimiento, pero el nivel de fracasos que se está alcanzando en los últimos años empieza a ser alarmante. ¿Por qué hasta ahora no ha habido ninguna respuesta institucional a la excarcelación de toda una red de narcotraficantes cuya captura costó años de trabajo a la policía?

Montserrat Comas, presidenta de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indica que, en principio, los asuntos que tienen que ver con la custodia o pérdida de objetos son responsabilidad del secretario judicial, y quien tiene que exigirla es el Ministerio de Justicia, aunque de inmediato precisa que "el responsable último es el juez". La vocal del Poder Judicial niega que el hecho de que el juez del Olmo haya estado muy ocupado en las últimas semanas con el auto de procesamiento del 11-M haya impedido investigar la desaparición de las cintas. En este caso, agrega, "estamos a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que ha anulado el juicio para ver si procede abrir una información previa".

Pero a reserva de lo que diga la sentencia del Supremo, el hecho incontestable es un nuevo fracaso judicial que se ha saldado con la excarcelación de nueve narcotraficantes con graves condenas. Del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Juan del Olmo, desaparecieron decenas de cintas con grabaciones correspondientes a 13 números de móviles de los jefes de una red hispano-turca de narcotraficantes. El Tribunal Supremo, muy exigente en la valoración de las pruebas hasta que se institucionalice la doble instancia penal, ha ordenado a la Audiencia Nacional repetir el juicio y, entretanto, no ha quedado más remedio que excarcelar a cuatro turcos condenados a penas de entre 20 y 31 años de cárcel y cinco españoles que tenían penas de entre 7 y 17 años. Entre todos totalizaban condenadas de 175 años de cárcel.

La desaparición de las grabaciones del juzgado fue reconocida por Del Olmo en enero de 2004, aunque la defensa de los narcos cree que viene de mucho tiempo atrás. Pero pese a reconocer el juez la pérdida de las cintas, cerró el sumario sin ellas. En el juicio, la Sección Cuarta Penal de la Audiencia admitió la validez de las transcripciones y el testimonio de los policías que dijeron haberlas oído, y con esa prueba condenó a 28 acusados.

Al llegar al Tribunal Supremo los recursos de los condenados, la fiscalía se vio forzada a informar de que la Audiencia había infringido la legalidad, puesto que no estaban las cintas sobre las que se habían fundamentado las condenas y de las transcripciones no había dado fe el secretario judicial. Por tanto, tuvo que pedir que se estimaran los recursos de los condenados.

El Supremo se vio así ante la disyuntiva de ordenar la repetición del juicio o absolver libremente a los principales acusados. Pero entretanto, después de que este periódico revelase la desaparición de las cintas y las previsibles excarcelaciones, Del Olmo había notificado la aparición de algunas grabaciones de ese sumario. Aunque Antidroga ya ha comprobado que esas cintas seguramente no sirven para nada -ninguna de ellas contiene grabaciones de los 13 números de móviles de los principales sospechosos turcos- el hallazgo ha procurado al Supremo una salida airosa: ordenar la repetición de la vista en vez de tener que pechar con la absolución de los principales condenados por falta de pruebas.

Pero lo que no ha podido evitarse han sido las excarcelaciones. Los condenados de nacionalidad turca llevaban cinco años en la cárcel y al decidirse la anulación del juicio las condenas impuestas dejaban de tener validez, operando de nuevo el límite máximo de cuatro años en prisión preventiva. Su libertad fue decretada de inmediato.

El pasado día 3 salieron de prisión los turcos Rahmi Bayrak, condenado a 31 años; Erdem Coskun, a 29; Haribey Yilmaz, a 27 y Cevat Ertugrul, a 20, por delitos continuados de narcotráfico, blanqueo y falsificación. En los días posteriores les siguieron otros cinco integrantes de la misma red, de nacionalidad española, algunos con condenas de hasta 17 años de cárcel. Los excarcelados hasta el momento deben realizar comparecencias diarias en el juzgado para evitar su fuga mientras esperan el nuevo juicio. En ambientes judiciales, tanto la medida cautelar como el nuevo proceso se ven con escepticismo.

Aunque en menor medida que con el narcotráfico, los escándalos tampoco han sido infrecuentes en asuntos relacionados con el terrorismo, desde que en 1978 el juez Gómez Chaparro dio un permiso de vacaciones de Semana Santa a Fernando Lerdo de Tejada, uno de los presuntos autores de la matanza de los abogados laboralistas del despacho de Atocha 55, con el previsible resultado de que nunca regresó.

El último se conoció por casualidad, al ser identificado el terrorista argelino Allekema Lamari, jefe de la célula que cometió los atentados del 11-M, entre los terroristas que se suicidaron en el piso de Leganés. Fue entonces cuando se desveló que la Audiencia Nacional le había dejado en libertad dos años antes de lo que le correspondía para llegar al límite de tiempo en prisión preventiva. Lamari salió cuando llevaba en prisión cinco años, y debería haber cumplido al menos siete antes de poder hacerlo.

Al hacer el cómputo de tiempo que le restaba de prisión, la Audiencia cometió un error en un documento: un magistrado escribió que Lamari había sido condenado a "10 años de prisión", cuando en realidad había sido condenado a 14 años: 10 por pertenencia a banda armada, dos por tenencia ilícita de armas y otros dos por tenencia de útiles para cometer falsedades. Dado que el límite de estancia en prisión mientras el Supremo resuelve los recursos de casación es de la mitad de la condena impuesta, Lamari tendría que haber salido cuando al menos hubiera cumplido siete años. Pero la Audiencia, llevada de su error, fijó su salida para el 29 de junio del año 2002.

Entretanto, el Tribunal Supremo celebró la vista del recurso de Lamari el 29 de mayo de 2002, y dictó sentencia el 7 de junio siguiente. Pero como no había tenido conocimiento de que Lamari iba a salir el 29 de junio, porque la Audiencia no se lo comunicó, no se activaron los mecanismos de urgencia para notificar la sentencia firme. Cuando se dieron cuenta del error, Lamari llevaba ya nueve días fuera de la cárcel. De haber cumplido el tiempo que le restaba, el 11 de marzo de 2004 habría estado en prisión.

El error recayó sobre el presidente de la Sección Tercera Penal ya que fue él quien hizo el cómputo de la prisión de Lamari. Sin embargo, al haber transcurrido más de dos años, plazo de prescripción para las faltas muy graves, el expediente fue archivado.

El repaso a los últimos años de actividad judicial arroja algunos de los casos más sonrojantes de fallos en el sistema judicial:

- Islamistas del 11-S. Entre noviembre y febrero pasados, cuatro islamistas de la célula española de Al Qaeda salieron de prisión por cumplimiento del límite de la mitad de sus penas sin que el Tribunal Supremo hubiese dictado sentencia firme.

Najib Chaib Mohamed, Mohamed Needl Acaid, Mohamed Zaher Asade y Said Chedadi habían sido condenados por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en relación con los atentados del 11-S en Estados Unidos. Pero dejaron la prisión tras haber pasado en ella cuatro años, al llegar al límite de la mitad de sus condenas. La Audiencia Nacional dictó sentencia en septiembre de 2005, pero como los condenados recurrieron al Tribunal Supremo, la sentencia no era firme.

- Jarrai. En marzo de 2005, seis integrantes de Jarrai, la organización juvenil del entorno de ETA, que estaban siendo juzgados en la Audiencia Nacional, quedaron en libertad tras haber agotado el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva previsto en la ley. El fiscal pedía 14 años de prisión para cada uno por pertenencia a organización terrorista. Finalmente, la Audiencia Nacional dictó condenas inferiores al tiempo que pasaron en prisión.

- Fuga de El Negro. Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, comisionado de los carteles de Bogotá y de la Costa para el desembarco de cocaína en Europa, fue excarcelado por la Sección Cuarta Penal de la Audiencia en diciembre de 2001 con una fianza de cinco millones de pesetas (30.000 euros) 20 días antes de su juicio. La Fiscalía Antidroga reclamaba para él 60 años de cárcel y 69.000 millones de pesetas (414 millones de euros) de multa por introducir en España más de 10 toneladas de cocaína El tribunal le excarceló atendiendo un informe psiquiátrico sobre un "trastorno bipolar con tendencias suicidas". El escándalo fue mayúsculo y la investigación exhaustiva. Los tres magistrados que decidieron su libertad fueron sancionados, con seis y siete meses de suspensión. Dos de ellos pidieron su traslado fuera de la Audiencia. Tiempo después, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo anuló las sanciones.

- 'Comando Matalaz' de ETA. El fiscal solicitaba penas de 74 años para Jon Mirena San Pedro Blanco, 54 años para Raúl Ángel Fuentes Villota y 46 años para Asier Quintana Zorrozua, integrantes del comando Matalaz, de ETA, que colocaron una bomba en el coche de un policía. Cuatro años no bastaron para instruir la causa y juzgarles, pero al llegar al límite de prisión preventiva sin juicio tuvieron que salir en libertad. Se instruyó un expediente a dos magistrados que acabó sobreseído.

- Fugas de 'narcos'. En octubre de 2003, otros siete presuntos narcotraficantes de una red que había introducido en España más de 800 kilos de heroína, no se presentaron a la primera sesión del juicio. Estaban en libertad tras cumplir cuatro años en prisión preventiva, y, hasta la misma mañana del juicio, habían pasado todos los controles. El cabecilla de la red, José Gomes Pires, alias El Enano, portugués de 55 años y para el que el fiscal pedía un total de 32 años de prisión, estaba en paradero desconocido desde que fue entregado temporalmente a Portugal para ser juzgado allí.

En junio de 2003, la Audiencia Nacional dictó orden de detención internacional para los narcotraficantes Manuel Carballo, condenado a 17 años de prisión y Luis Jueguen y José Antonio Padín Vieites, condenados a 15 y 10 años. Los tres se fugaron antes de que se les notificase su la sentencia.

En octubre de 2002, José Manuel Rodríguez Sanisidro, procesado de la Operación Temple, se dio a la fuga eludiendo así la petición fiscal de 34 años de cárcel.