La policía investiga a constructores y ex altos cargos de la etapa de Jesús Gil en Marbella

La investigación sobre la trama de corrupción de Marbella, conocida como Operación Malaya, se centra ahora en operaciones urbanísticas irregulares cometidas durante el mandato de Jesús Gil y Gil, lo que, en breve, podría traducirse en media docena de detenciones tanto de constructores como de altos cargos de esa etapa que experimentaron un injustificado aumento patrimonial, según distintas fuentes próximas a la investigación. "Roca no es el único caso que ha tenido un crecimiento injustificado de patrimonio paralelo a su mandato en el Ayuntamiento de Gil", afirman las fuentes.

En este contexto, recobran actualidad determinadas operaciones inmobiliarias como son las realizadas en 1997 a través de la empresa municipal marbellí Eventos 2000. Un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de dicho municipio, entre 1990 y 1999, ya denunciaba cómo esa sociedad había asumido por cuenta de Contratas 2000 una deuda que ésta tenía con una empresa privada denominada Mediterránea de Inmuebles, 47 SA, por 132,7 millones de pesetas (794.000 euros), "sin que haya podido determinarse el origen de la misma, por cuanto los responsables municipales no han entregado la documentación justificativa de esta última". En 1997, se dio de baja ese pasivo, al asumir directamente el ayuntamiento la deuda con la sociedad.

Se citaba otra extraña operación con esa inmobiliaria: el 24 de febrero de 1994 celebra una ampliación de capital Eventos 2000. Una de las aportaciones son 17 inmuebles, que valora en 479 millones de pesetas (2.878.000 euros). Su precio real era una incógnita porque lo fija con "criterios heterogéneos como el valor recogido en el inventario municipal, el de adquisición para los no incorporados en aquél o de tasación en los que no existían datos, sin identificar el criterio aplicado a cada finca".

Casualmente, "el mismo día en que la Junta General Extraordinaria acordó la ampliación de capital se entregaron ocho de las fincas a una sociedad privada (Mediterránea de Inmuebles, 47 SA), como consecuencia de la permuta celebrada anteriormente con dicha sociedad para adquirir un hotel, de manera que la sociedad municipal se comprometió a entregar unas fincas pertenecientes al ayuntamiento. Por otra parte, Eventos 2000, adjudicó en los cuatro meses siguientes a esa misma sociedad otras cinco fincas, vulnerándose de esta forma la necesaria concurrencia en el procedimiento de enajenación municipales". Todos los inmuebles los cedió "en el mismo precio en que se recibieron".

Fincas pendientes de pago

Pero las singulares operaciones del Ayuntamiento de Marbella con dicha inmobiliaria privada, Mediterránea de Inmuebles 47, no acababan aquí. "El 17 de noviembre de 1993, Eventos 2000 adquirió dos fincas a la sociedad municipal Contratas 2000 por 344 millones (2.067.000 euros), IVA incluido, cuyo importe queda pendiente de pago. Dichas fincas, respecto de las que no consta informe de valoración, fueron transferidas tres meses después, y por el mismo precio que el de compra a la misma sociedad privada referenciada en el punto anterior, como consecuencia de la permuta citada".

Se da la circunstancia de que la inmobiliaria tan reiteradamente beneficiada por el Ayuntamiento de Marbella en aquellos años de mandato del equipo de Gil, Mediterránea de Inmuebles 47, es una de las empresas que la policía considera ahora que ha sido utilizada por Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la red de corrupción en Marbella, para difuminar su patrimonio. Aún presenta propiedades en Murcia. Esta sociedad, que fiel a la tónica de las empresas de esta trama investigada, ha ido cambiando de administradores, tuvo entre sus anteriores gestores a uno de los supuestos testaferros de Roca, Óscar Benavente.

Tales operaciones requirieron complicidades dentro y fuera del ayuntamiento ajenas al propio Roca. Y la investigación, según fuentes conocedoras de sus avances, está empezando a contar con valiosas declaraciones que permiten confirmar cómo se realizaron determinadas operaciones urbanísticas del pasado que levantaron sospechas, aunque nunca pudieron ser enjuiciadas.

La investigación nació el 14 de noviembre de 2005 con la intervención de la Comisaría provincial de Málaga, la Unidad de Coordinación Operativa-Ucop de Málaga y la Udyco (Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado) de la Costa del Sol. La asumió el grupo III de Blanqueo de Capitales de la Udyco de Málaga, el mismo que desarrolló la Operación Ballena Blanca. El equipo lo integran siete policías (tres de delincuencia económica, dos de los grupos de estupefacientes y dos funcionarias de Málaga), más tres expertos de la Agencia Tributaria. Ya entonces, centró los objetivos y la vigilancia. Cuatro días después se intervinieron los primeros cuatro teléfonos.

Cuando hace dos semanas la policía detuvo a la alcaldesa, a varios concejales y a su todopoderoso asesor urbanístico, tenía grabadas más de tres meses de conversaciones. Pese a todas las cautelas, Roca supo que estaba siendo investigado. No tardó en saberlo ni dos semanas. "Sé que están detrás de mí", confesó a sus íntimos.

Un mes después, el grupo local investigador se reforzó con cuatro funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial para coordinar la labor con otras provincias donde se extendía el supuesto imperio urbanístico de Roca, singularmente Murcia. Y, finalmente, la trama cayó.