Empleo plantea un acceso sin oposiciones a la Inspección de Trabajo por la escasa plantilla

La ampliación de la plantilla de la Inspección de Trabajo es una necesidad en la que coinciden sindicatos, empresarios y Administración. El Ministerio de Trabajo se comprometió esta legislatura a incrementar la plantilla de inspectores y subinspectores hasta alcanzar los 2.000 funcionarios, casi 400 más que en 2004. Pero aunque la convocatoria de oposiciones se ha intensificado, pocos superan los exámenes y apenas se cubren la mitad de las plazas ofrecidas. La Consejería de Empleo estudia plantear al Ministerio la creación de una vía de acceso extraordinaria, a imagen del cuarto turno de la judicatura, que permita incorporar a la Inspección a expertos "de reconocido prestigio" y larga trayectoria profesional sin opositar.

Los accidentes en el trabajo cambian o truncan la vida de muchas personas. Son dramas particulares que evidencian un problema colectivo, delimitado por la fría, y en este caso, tozuda estadística: alrededor de 1.000 personas mueren cada año en España en el desempeño de su trabajo, de las que unas 150 fallecen en Andalucía. Casi una quinta parte de los accidentes mortales en la Unión Europea (UE) ocurren en España y una buena parte de ellos son evitables.

De ahí que Administración, sindicatos y patronal insistan en las medidas de prevención, cuyo control es una de las tareas básicas de los inspectores de Trabajo. Pero aquí los números vuelven a descuadrarse. La escasez de funcionarios es patente. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera (PSOE), se comprometió a alcanzar los 1.000 inspectores y los 1.000 subinspectores (casi 400 funcionarios más en total) esta legislatura. Pero a pesar de que el número de plazas sacadas a oposición se ha triplicado, muchas se declaran desiertas por falta de aprobados.

El problema se agudiza en el caso de los inspectores de Trabajo, funcionarios de nivel técnico superior, que son los que tienen la competencia exclusiva de imponer sanciones por incumplimientos en la prevención de riesgos laborales. En estos dos años, el Ministerio ha sacado a oposición más plazas de inspector (55 y 60): en las dos legislaturas anteriores (PP) hubo años en los que se convocaron apenas 10 plazas, aunque el incremento ya se empezó a notar en 2003 (36 puestos). Pero el número de aprobados apenas llega a la mitad de las plazas ofertadas. "En la última convocatoria sólo fueron 32", indica Esther Azorit, directora general de Seguridad Laboral en la Consejería de Empleo.

Mercado laboral

La dureza de la oposición, la escasez de plazas en años anteriores y que "el mercado laboral ofrece ahora muchas más posibilidades" son, según Azorit, algunas de las claves que explican esta situación. Al no cubrirse las plazas, el objetivo de alcanzar los 1.000 inspectores (ahora hay 798 en España) se aleja. "Ante el aumento de la actividad económica, estamos pensando en proponer al Ministerio nuevas medidas", indica el consejero de Empleo, Antonio Fernández.

El auge de la actividad económica, más intenso en la comunidad, vuelve a evidenciar el problema. Si desde 1997 los afiliados a la Seguridad Social crecieron un 55% en Andalucía, hasta rozar los tres millones en 2006, el número de inspectores apenas ha aumentado un 33% (127 funcionarios en la comunidad). La proporción entre trabajadores afiliados e inspectores es el indicador más habitual para analizar las necesidades de la Inspección. En el caso andaluz y español, ese promedio casi triplica la media de la UE.

Empleo estudia la fórmula jurídica para crear una "vía extraordinaria" de acceso a la Inspección que permita paliar la falta de plantilla. "Sería parecido al cuarto turno de la judicatura, se incorporaría sólo a profesionales de reconocido prestigio, con una experiencia larga y contrastada", aclara Fernández. En el caso de este cuarto turno de inspectores, además de expertos juristas, también podrían otros profesionales de larga trayectoria en materias relacionadas con la Inspección de Trabajo.

Las áreas que competen a la Inspección de Trabajo no paran de crecer. Además de la prevención, los inspectores controlan la legalidad en la Seguridad Social, los contratos laborales (con atención prioritaria a los contratos temporales), median en conflictos y huelgas, o vigilan las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros.

El consejero considera "correcto" el reparto de los nuevos funcionarios entre las comunidades, para lo que se tiene en cuenta el número de afiliados, de centros de trabajo y, desde ahora, "a petición de la Junta", la siniestralidad.

En 2006, vendrán a Andalucía cinco nuevos inspectores, a los que se sumarán otros cinco por concurso de traslado. Hay situaciones especiales que cambian las previsiones. Fue el caso de Granada el año pasado, donde la sucesión de accidentes laborales y, sobre todo, la muerte de seis obreros en unas obras en la autovía del Mediterráneo (en Almuñécar), llevaron al Ministerio a acelerar los planes previsto con el envío de tres inspectores en comisión de servicio.