Aguirre y Gallardón tienen dos meses para alegar ante la UE sobre la M-30

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, y Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, tienen dos meses para contestar a la carta de emplazamiento de la UE que recibió el pasado martes la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sobre las obras de la M-30. La UE expone la necesidad de que las obras tuvieran una declaración de impacto. Ayer, el socialista Rafael Simancas pidió un informe sobre las obras que restan.

Fuentes municipales explicaron ayer que la carta ya obra en poder de la Administración local. Una vez redactada la contestación, ésta será remitida a la Administración General del Estado para que la incorpore al resto de la documentación que habrá de ser remitida a la Comisión Europea en relación con este asunto. Las mismas fuentes precisaron que la respuesta que puede dar ahora el Ayuntamiento es la misma que ofreció hace una semana, cuando se conoció que la Comisión Europea iba a enviar esa carta de emplazamiento al Gobierno español respecto al hecho de que las obras de la M-30 se hagan sin declaración de impacto medioambiental.

El Ayuntamiento considera que la M-30 es una calle -no una autovía-, que hay varias sentencias judiciales que se expresan en ese mismo sentido, y que se está remodelando en virtud de la normativa española vigente. El Consistorio estima que si existe algún problema en relación con la transposición de la normativa comunitaria a la española, eso es algo que compete al Gobierno central y no a la autoridad municipal.

Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, ha recibido la notificación de la UE, que siempre la envía al Reino de España y no directamente a las administraciones implicadas. Narbona, una vez que ha dado traslado de ese escrito a la Comunidad y al Ayuntamiento, esperará a conocer la opinión de ambas instituciones. "Como en otra ocasión que se nos solicitó, informaremos de que, en nuestra opinión, la reforma de la M-30 necesita una declaración de impacto ambiental", ha dicho.

Ayer, Rafael Simancas, secretario general del Partido Socialista de Madrid, exigió que el Ayuntamiento, a la vista de que la UE se pronuncia a favor de que las obras pasen una previa evaluación de impacto medioambiental, proceda de esta forma para lo que resta de la obra de la M-30.

El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, replicó a Simancas que la normativa estatal y autonómica, por la cual se rigen las obras de la M-30, "establece que las obras que se realizan en zonas urbanas no precisan declaración ambiental".

El portavoz del PP justificó que las obras se realizaran sin declaración de impacto ambiental diciendo que el Consejo de Ministros cedió al Ayuntamiento la M-30 por considerarla vía urbana, y, además, que el Consejo de Estado avaló en un dictamen del 29 de abril de 2004 que era innecesario el informe de impacto ambiental por el mismo motivo.

Beteta recordó a Simancas que la ministra Narbona "autorizó las obras de esta vía a finales de 2004 a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo". "No quiera usted ahora enmendar a la ministra", apuntó. La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, afirmó que, ante el "varapalo" que ha dado la Comisión Europea a las obras de reforma de la M-30, la actitud del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, es de "mezquindad política". Sabanés consideró "vergonzoso" que el alcalde "siga exhibiendo una obra que incumple la normativa europea". "Si los concejales debíamos acatar la ley en el paseo de la Virgen del Puerto, y así lo hicimos como ha demostrado la sentencia, Gallardón debe aplicarse el cuento y admitir que su obra está fuera de la normativa europea", argumentó.