11-M: habla el juez
El auto de procesamiento dictado por el juez Juan del Olmo sobre el 11-M es la primera versión autorizada, si bien todavía provisional, sobre los atentados cometidos en Madrid en vísperas de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Dos años no son quizá un tiempo excesivo para articular un relato fundado y fiable sobre un acción terrorista de autoría múltiple y que dejo tras sí la trágica secuela de 191 víctimas y casi 2.000 heridos. Pero se hacía urgente disponer cuanto antes de ese relato, no sólo por razones procesales -evitar posibles excarcelaciones antes del juicio- sino de defensa social. Era hora de que los ciudadanos dejaran de estar indefensos frente a versiones disparatadas pero presentadas por sus autores como las únicas consistentes frente a la endeblez del trabajo investigador del juez encargado del caso.
Es difícil, por no decir cínico, seguir manteniendo que la investigación del juez Del Olmo carece de consistencia o que su resultado es "pobre" y "no ha esclarecido el fondo de la masacre", como ayer mismo insistían ofuscados responsables del Partido Popular. La instrucción del juez ha sido capaz de identificar no sólo a los autores materiales de la masacre, entre ellos los siete suicidas de Leganés el 3 de abril siguiente, sino a los intelectuales, todos ellos integrantes de una célula yihadista radicada en España y que diseñó su acción criminal siguiendo las directrices de un informe en Internet en el que un "comité de sabios" de Al Qaeda sugería un atentado antes de las elecciones generales del 14-M. Como pormenoriza las andanzas de la red española que se lucró vendiendo los explosivos utilizados, a uno de cuyos integrantes -José Emilio Suárez Trashorras- le imputa como cooperador necesario en los atentados.
Al Qaeda no actuó directamente en Madrid, como ocurrió el 11-S de 2001 en EE UU, pero sí inspiró el atentado español. De lo que el juez Del Olmo no encuentra rastro -y de existir no habría posibilidad de cegarlo- es de la implicación de ETA, directa o colateral. Y a esa conclusión llega tras una investigación de más de 80.000 folios en la que se acumulan decenas de careos, ruedas de reconocimiento, comisiones rogatorias, pruebas de ADN y decenas de miles de registros telefónicos. Es probable que una investigación tan compleja adolezca de errores e insuficiencias, que podrán corregirse de aquí al juicio oral. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es esa especie de instrucción alternativa, en forma de nube tóxica de datos disparatados, que algunos se empeñan en sostener aunque atenten contra la lógica y la sensatez.
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