El magistrado fija en 430 millones de euros las indemnizaciones a las víctimas

El juez Del Olmo estima en el auto de procesamiento una "cantidad orientativa" de 400.000 euros en concepto de indemnización por cada uno de los 191 fallecidos en los atentados del 11 de marzo. La cantidad total ascendería a 76.400.000 euros, más otros 400.000 por el miembro de los GEO fallecido en Leganés. La indemnización para los heridos, considerados "asesinatos en grado de tentativa", se fija de forma orientativa en 200.000 euros. Multiplicado por los 1.755 heridos que considera el juez, los condenados deberían hacer frente a otros 351 millones. En total, 427,8 millones.

Los casi 430 millones son sólo por los atentados del 11 de marzo en los trenes. A esto hay que añadir 3.600.000 euros que según el juez Del Olmo deberán ser pagados a 18 heridos en el atentado de Leganés. Los daños de los atentados del 11 de marzo también deben ser pagados, por valor de 17.623.613 euros. Los daños derivados de la explosión de Leganés están valorados en 4.387.451 euros.

En Leganés se suicidaron el 3 de abril siete de los responsables directos de los atentados, al hacer estallar la dinamita que almacenaban en un piso de la calle Carmen Martín Gaite número 40. La explosión mató también al miembro de los GEO Francisco Javier Torronteras y provocó daños en el edificio que obligaron a su demolición y posterior reconstrucción.

Una vez fijadas todas las cantidades, el auto de procesamiento indica que 445.023.613 euros deben ser pagados conjunta y solidariamente por el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, a quien el juez considera cooperador necesario de los atentados, Jamal Zougam, propietario del locutorio de Leganés donde se vendieron las tarjetas y los teléfonos empleados en la matanza y autor material de los hechos, y Abdelmajid Bouchar, también autor material de los hechos. Trashorras debe además responder de los 8.387.451 euros que suman las indemnizaciones y la valoración de los daños del atentado de Leganés.

El juez también establece una indemnización por la droga intervenida a Hamid Ahmidan, primo de Jamal Ahmidan, que debería pagar 2.707.000 euros. En el auto se indica que los procesados tienen 24 horas para hacer efectivas estas cantidades o señalar los bienes que pueden servir para pagarlas.

60 millones del Gobierno

Hasta el momento, el Gobierno ha concedido casi 60 millones de euros en indemnizaciones a víctimas del 11-M. Dos años después de aquellos atentados, queda todavía un 8% de expedientes sin resolver de personas que, por la gravedad de sus lesiones, tienen pendiente de determinar el grado de invalidez. La Oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior había recibido hasta el mes pasado solicitudes de indemnización de 1.638 víctimas y ha resuelto 2.911 expedientes (algunos casos generan más de un expediente), que han supuesto la entrega de 59.490.082 euros.

Entre los expedientes resueltos están los de los 192 fallecidos (incluido el policía muerto en Leganés), a cuyos familiares se les ha concedido 42,7 millones de euros, y 68 expedientes de invalidez o incapacidad permanente, con indemnizaciones de 9,7 millones. Las familias han cobrado, aparte de otras cantidades, los 138.000 euros que prescribe la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de 1999.

Las familias de los asesinados el 11-M recibieron también una subvención a fondo perdido de 21.869 euros prevista en la Ley de Ayudas de la Comunidad de Madrid. Aparte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado por su parte 15,8 millones entre las víctimas con derecho al cobro de todo tipo de pólizas de seguros.

Entre los heridos hubo 791 casos de incapacidad temporal, que han sido indemnizados con casi 2,4 millones de euros, y 1.077 de lesiones permanentes no invalidantes, que han percibido casi cuatro millones de euros. Las cantidades previstas en la ley para los heridos varía en función de los distintos grados de incapacidad, desde los 390.000 euros de la gran invalidez a los 36.000 de la incapacidad permanente parcial.

También en relación con los atentados del 11-M se habían concedido dos años después de la masacre 926 tarjetas de residencia a extranjeros (457 a víctimas y 469 a familiares) y otras 932 autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.