El PP recurre ante el Constitucional las competencias de la Comisión de la Energía

El PP asumió ayer las tesis de Endesa en su defensa de la eléctrica alemana E.ON en su pugna con Gas Natural por hacerse con la eléctrica española con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto aprobado el pasado 24 de febrero que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El portavoz adjunto del grupo de la oposición arremetió contra el Gobierno socialista, al que acusó de "jugar al Monopoly con empresas de verdad", de haber roto la "credibilidad de los organismos reguladores" y de establecer "el preludio" de la corrupción.

El recurso de inconstitucionalidad presentado ayer por el PP contra el Real Decreto 4/2006 se fundamenta en que su "auténtico motivo" es "la voluntad del Gobierno de poner trabas a la OPA [oferta pública de adquisición de acciones] por el 100% del capital del Endesa presentada por la alemana E.ON, OPA que compite con la presentada anteriormente por Gas Natural, anteponiendo el Gobierno el interés político al interés general".

El mencionado Real Decreto, aprobado cuatro días después del lanzamiento de la OPA de E.ON sobre Endesa, amplió las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que este regulador tuviera que autorizar toda operación que afecte a una compañía que desempeñe una actividad regulada (transporte y distribución de gas o electricidad). Antes de la reforma, la CNE carecía de competencias si una compañía no energética o extranjera planteaba la compra de una empresa energética española.

Vicente Martínez Pujalte, portavoz adjunto del PP en el Congreso, explicó ayer en la Cámara baja que el Real Decreto, al que se refirió como "decreto anti-E.ON", es inconstitucional en cinco puntos que vulneran cuatro artículos de la Constitución Española: el 86.1, que permite legislar mediante la figura del decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad y, a su juicio, no existe esa urgencia; el artículo 38, que defiende la libertad de empresa y, según el PP, la restringe; el 9.3, que garantiza la irretroactividad de las normas que restringen derechos y el principio de seguridad jurídica, y el decreto hace lo contrario; y el artículo 14, por último, que establece el principio de igualdad ante la ley, y el decreto lo vulnera.

El portavoz del PP no escatimó en invectivas contra el Gobierno, al que acusó de ser "el auténtico impulsor de la OPA de Gas Natural sobre Endesa" y, una vez hubo entrado en escena E.ON, de haber aprobado la reforma "con absoluta falta de escrúpulos", en un intento de "favorecer a una empresa" con un Real Decreto que calificó de "disparare jurídico".

Jugar al 'Monopoly'

Pujalte fue mucho más allá y aseguró que el Gobierno "está jugando al Monopoly [juego de mesa en el que se compran y se venden inmuebles] con empresas de verdad". Para el portavoz popular, se trata de "un preludio" de casos de corrupción, de "una Marbella de guante blanco organizada desde Moncloa". Acusó también al Gobierno de haber minado la credibilidad de los organismos reguladores y supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNE o el Tribunal de Defensa de la Competencia.

Ni E.ON, ni Endesa, ni Gas Natural quisieron ayer realizar valoraciones sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP. Sí lo hizo, en cambio, la secretaria de Economía y Empleo del Partido Socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero, que replicó a Martínez Pujalte con el impedimento en su día del PP con una ley que evitó que la eléctrica francesa EDF lanzara una OPA sobre Hidrocantábrico, informa Servimedia. Bruselas acaba de denunciar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por dicha actuación. Rodríguez-Piñero acusó a Martínez Pujalte de "incoherencia y falta de argumentación" en su acción contra un Real Decreto-ley "que lo único que pretende es garantizar igualdad de condiciones para empresas de cualquier naturaleza que quieran operar en el sector energético".

La Comisión Europea también ha pedido al Gobierno español explicaciones sobre la necesidad del cambio de competencias de la CNE. El pasado 24 de marzo, el Ejecutivo respondió al requerimiento con dos justificaciones: la necesidad de garantizar el suministro energético y de cubrir un vacío legal. El Ejecutivo comunitario remitirá su respuesta a finales de abril.