El jefe de la policía local se da de baja por depresión

El jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, no está al mando del cuerpo desde ayer tras concederle el médico una baja por depresión. El superintendente se encuentra en libertad bajo fianza y está imputado por el juez Miguel Ángel Torres, instructor de la operación Malaya, de presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, encubrimiento y prevaricación. "Aún no lo tengo digerido, y después de días sin dormir no quiero seguir en la brecha", confesó Del Pozo.

Nada más dejar el cargo, Del Pozo desveló ayer que suspendió el servicio municipal de grúas el pasado miércoles día 5 tras comparecer ante el juez Torres, porque dedujo del interrogatorio que "no estaba claro" a qué empresa pertenecía la concesión del servicio. "Tras oír al juez y sus preguntas, me surgió la duda de a qué empresa le había sido concedida la licencia de la grúa, porque al parecer el empresario no había pagado los cánones necesarios", explicó.

Del Pozo asegura que cursó un escrito a la secretaría municipal para aclarar qué empresa era la concesionaria actual. "Mira si tenía razón, que cinco días después aún no he recibido contestación por parte del Ayuntamiento", explicó.

El supuesto cohecho en la concesión del servicio municipal de la grúa es uno de los asuntos investigados en la operación Malaya. Según el juez, la alcaldesa en funciones, Marisol Yagüe, recibió varios vehículos del adjudicatario, Ismael Pérez Peña, que presuntamente también pagó dinero en efectivo a la primera teniente de alcalde dimitida, Isabel García Marcos. Los tres están en prisión.

El servicio de grúa fue restablecido ayer tras permanecer suspendido durante seis días por orden de Del Pozo. Los representantes de los 23 trabajadores del servicio se reunieron con el secretario en funciones, Manuel Velasco, para definir la fórmula legal que les permita continuar con el servicio de retirada de vehículos, aunque sin cobrar las multas, a la espera de que la comisión gestora tome posesión en las próximas semanas.

"De momento retiraremos los coches imprescindibles para que el tráfico no se vea afectado, y podamos reanudar el trabajo", aclaró ayer Pedro Fernández, representante de los trabajadores. La confusión por el enésimo escándalo municipal y que puede ser definitivo si así lo confirma la investigación en marcha, es patente. "Desconocemos si el servicio ha sido rescatado por la administración local, si la adjudicación se ha realizado a la empresa del imputado Ismael Pérez Peña, o si la empresa Cactus Enterprises es la adjudicataria legal del servicio desde 2001", denunció Fernández.

El cargo de Superintendente ha sido ocupado por Rafael Mora, a la espera de que la comisión gestora tome posesión en las próximas semanas. Mora quiso quitar hierro a la nueva situación desencadenada tras la operación contra la corrupción municipal. "Las prioridades siguen siendo las mismas y la baja de Del Pozo no interfiere de forma alguna en el funcionamiento del cuerpo", explicó.