Interior no podrá repatriar a la mayoría de los 2.500 'sin papeles' de Canarias

El Ministerio del Interior mantiene a 2.500 inmigrantes subsaharianos internados en cinco centros de Canarias con la esperanza de devolverlos a Mauritania. Sin embargo, el ritmo de las repatriaciones -la semana pasada se llevaron a cabo 170- hace imposible la devolución de la mayoría antes de que cumplan los 40 días que la ley establece como plazo máximo de internamiento. Por ello, el Gobierno continúa trasladándolos a la Península a un ritmo de entre 100 y 200 personas a la semana. Una vez allí, al menos 1.500 serán puestos en libertad.

En los últimos cuatro meses han llegado desde Mauritania al archipiélago 110 lanchas con 3.800 inmigrantes, según estimaciones de Interior. La avalancha desbordó los centros de internamiento y obligó a las autoridades a solicitar ayuda al Ministerio de Defensa. Hace tres semanas, los militares levantaron dos campamentos provisionales: uno, en Gran Canaria, en la zona militar de La Isleta; el otro, en Tenerife, junto al cuartel de Las Raíces.

En el primero se alojan 189 subsaharianos, y en el segundo, 599. Ambos campamentos se hallan bajo control policial. Cruz Roja proporciona a los internos asistencia sanitaria, ropa y equipos higiénicos. Un observador de Cruz Roja ha calificado de "dignas" las condiciones de los campamentos.

En el de La Isleta, por ejemplo, hay 50 váteres químicos para 189 personas, según fuentes policiales. Los inmigrantes se alojan en tiendas de campaña, agrupados según el día de llegada al archipiélago. En cada tienda duermen entre 10 y 15.

Fuentes sanitarias han relatado que casi todos son varones -en los cuatro meses que ha durado la avalancha de piraguas sólo ha llegado una decena de mujeres, confirma una fuente policial-, proceden de Malí y Senegal y presentan síntomas de agotamiento físico y quemaduras por tetraetilo de plomo, sustancia química resultante de la mezcla del carburante de las barcas con el agua del mar.

El grado de deterioro físico permite a la policía identificar a los patrones al primer vistazo. "Son los que peor aspecto tienen, porque mientras los demás pasajeros hacen el viaje cubiertos por una lona que, hasta cierto punto, les protege del frío, del viento y de las salpicaduras, los patrones deben ir con medio cuerpo fuera para manejar la caña del timón", explica un agente. No obstante, los inmigrantes no suelen tener ningún problema en señalarlos con el dedo. Hasta el momento, los agentes han puesto a 64 patrones a disposición judicial; aproximadamente la mitad de ellos están en prisión.

En las últimas semanas se ha reducido la ocupación del centro de internamiento de inmigrantes de El Matorral, en Fuerteventura, hasta el punto de que ayer ni siquiera estaba al completo, pues aloja a 906 personas en sus 1.070 plazas, cuando había llegado a albergar a más de 1.200, informa Efe citando fuentes de la Delegación del Gobierno.

Los inmigrantes están informados de que la ley sólo permite a las autoridades retenerlos durante un plazo máximo de 40 días. Si al cabo de ese tiempo no han sido repatriados, deberán ser puestos en libertad. "No tienen conciencia de que pueden ser devueltos a Mauritania", confirma un portavoz de Cruz Roja. "Creen que serán trasladados a la Península y quedarán libres".

Muchos de ellos no se verán defraudados. Aunque las autoridades españolas están convencidas de que continuarán las devoluciones a Mauritania, ven difícil que éstas puedan superar los 200 inmigrantes a la semana. De ahí que sigan enviando a entre 100 y 200 subsaharianos cada siete días a la Península. La mayoría sueña con establecerse en Francia, Italia y Gran Bretaña.

Por otro lado, la secretaria de Estado de inmigración, Consuelo Rumí, avanzó ayer a Efe que el próximo día 21 habrá una reunión del grupo de trabajo hispano-marroquí, en donde se presentará el texto del futuro acuerdo de repatriación asistida de menores marroquíes. Tres días después se reunirá la subcomisión Estado-Canarias con el objetivo de evaluar el Plan Canarias (que hasta el año 2007 dispone de un presupuesto de 190 millones de euros) y abordar temas como el de los menores inmigrantes, que saturan los centros de menores de Canarias.