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Un círculo jurídico cerrado

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV), entidades a las que el Tribunal Supremo ha dado la razón en su reciente sentencia, consideran cerrado el círculo jurídico en torno a la polémica de la unidad de la lengua. Representantes de ambas entidades comparecieron ayer en conferencia de prensa para mostrar su satisfacción ante una decisión que consideraron una "muy buena noticia para la Comunidad Valenciana y para toda la comunidad lingüística catalana".

La abogada de ACPV, Mercé Teodoro, explicó que la sentencia del alto tribunal supone un "reconocimiento explícito y al más alto nivel" de la pertenencia del valenciano al sistema lingüístico común con Cataluña y Baleares. Y destacó que el fallo deja claro que el "criterio nominalista" al que apela el Consell del PP para defender la entidad propia del valenciano basándose en la inclusión de la expresión idioma valenciano en el nuevo Estatut d'Autonomia es una "aberración interpretativa". Según la letrada, "modificar la redacción no les da la razón, sólo les sirve de excusa", eso sí, sólo "ante los ignorantes". Teodoro denunció la "intencionalidad de modificar el nombre para mantener vivo el conflicto lingüístico".

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