Directrius i recomanacions

Mark Twain decía que sólo hay dos fuerzas capaces de llevar la luz a todos los rincones del mundo: el sol y la Associated Press. Y que, como no hay forma de dar órdenes al sol, los hombres y mujeres investidos con autoridad sienten inmediatamente una irrefrenable ansia de controlar los medios de comunicación.

La última muestra la ha dado el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) con sus Directrius i recomanacions sobre la informaciò relativa al referèndum sobre l'Estatut de Autonomía. (Se puede leer, sólo en catalán, en http://www.audiovisualcat.net/ box39. html). Los responsables del Consell, encabezados por su presidente, Josep Maria Carbonell, rechazan las críticas de intervencionismo alegando que casi todos los consejos audiovisuales de mundo aprueban textos parecidos y que, en su caso, se inspiran en el Consejo francés. Pero si a alguien se le ocurre comprobar ese precedente, es probable que llegue a una conclusión muy distinta.

Con motivo de la consulta electoral sobre la Constitución Europea, el Consejo Superior Audiovisual de Francia (CSA) hizo públicas unas "recomendaciones" para la televisión y radio de aquel país, aplicables tanto a la información específica sobre el referéndum como a la actualidad en general, en ese periodo de tiempo. Las recomendaciones buscaban garantizar la equidad en el acceso a la antena del Gobierno, la mayoría parlamentaria, la oposición, y los grupos políticos en general, así como la pluralidad de opinión en el acceso de personalidades no pertenecientes a partidos.

El CSA sólo aludía al contenido de las informaciones para pedir que los comentarios, resúmenes y piezas de archivo que dependieran de las redacciones se hicieran "con una constante preocupación de equilibrio y honestidad". Y expresamente puntualizaba que se trataba de evitar que fueran utilizadas fuera de contexto. El resto de las recomendaciones trataba sobre transmisión de señales, conservación de cintas y vídeos emitidos y obligación de respetar las leyes sobre publicidad y sondeos electorales (http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=23317).

El Consell va mucho más allá. De entrada no se trata ya de "recomendaciones", sino de "directrices y recomendaciones" cuyo cumplimiento se supervisará y vigilará, no mediante cintas y vídeos ya emitidos, sino mediante "los mecanismos oportunos". ¿Quizás mecanismos preventivos?

Los responsables del CAC se meten en un berenjenal de valoraciones y deciden que el referéndum es tan importante que justifica "algunas modulaciones de las reglas y criterios habituales" establecidos para otros procesos electorales. Ya no se trata de garantizar el acceso equitativo de los diferentes grupos políticos a los medios de comunicación, sino de exigir que la información sobre el Estatuto siga "criterios de máxima calidad y rigor, servida con objetividad e imparcialidad".

El CAC no explica en qué consisten esos criterios ni cómo se exige y se controla, ¿preventivamente?, esa "calidad y rigor" (que por otra parte considera más necesarios en este referéndum que en futuros procesos electorales). Además, sus responsables se sienten autorizados para decidir que el tema del acceso equitativo, aun siendo un requisito legal que se debe cumplir, no es tan importante en esta ocasión ya que lo que interesa es "clarificar los objetivos del proyecto". Es decir, insistir, explicar y desmenuzar el contenido del Estatut. En vista de lo cual, ordena que la información recoja la presencia de expertos y de portavoces de asociaciones sociales. Sin duda, los responsables del CAC no son conscientes de que multitud de esas "asociaciones sociales" ya han pagado páginas y páginas de publicidad en los diarios catalanes, casualmente en defensa del nuevo Estatuto.

Si todo se debe, como decía Twain, a la irrefrenable tendencia de quien tiene un cargo a difundir sus opiniones como si fueran directrices, ¿no podrían los diarios catalanes ofrecer a los directivos del CAC una columna mensual, quizás rotatoria, sobre crítica de medios de comunicación, en la que difundan sus interesantes teorías, sin necesidad de hacerlo, como sucede ahora, a través de textos con valor jurídico? Es una simple recomendación. solg@elpais.es