El tripartito remite a la fiscalía los informes sobre las encuestas de CiU

El tripartito catalán entiende que los anteriores gestores del Departamento de Presidencia durante la Administración de Convergència i Unió pudieron cometer dos delitos, uno de infidelidad en la custodia de documentos y otro de malversación de fondos públicos, al ocultar la existencia de 14 estudios y encuestas pese a la obligación de depositarlos en un registro oficial y entregarlos en el Parlamento catalán. Además, el Ejecutivo de izquierdas considera, en un informe que ayer remitió a la fiscalía de Barcelona, que uno de estos estudios tuvo finalidades electorales en beneficio de la federación nacionalista.

El año pasado, los actuales responsables del Departamento de Presidencia hallaron en sus archivos alrededor de 170 estudios, informes y encuestas elaborados entre 1983 y 2003, bajo el mandato de CiU. Los sondeos abordaban multitud de temáticas, desde la adscripción ideológica de los periodistas de TV-3 o Catalunya Ràdio, nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto al Gobierno catalán, estrategias para extender el ideario nacionalista entre los jóvenes o simples sondeos electorales.

De estos 170, el tripartito señala que catorce debían de haberse publicitado, registrado oficialmente y entregados al Parlamento catalán, pues se trataban de auténticas encuestas de opinión. Así lo estipulada una orden emitida en 1998 por el ex consejero, Xavier Trias, de Convergència Democràtica.

Ésta es una de las conclusiones del informe que, encargado por el Departamento de Presidencia, han redactado los servicios jurídicos del Gobierno catalán. Los letrados consideran que los anteriores responsables de Presidencia, cuyo departamento se encargaba de los estudios de opinión, pudieron cometer dos delitos, infidelidad en la custodia de documentos y malversación de fondos públicos.

El primer delito se basaría en la voluntad de los gestores de Presidencia de esconder dichos informes en aquellos casos en que su "registro o publicidad" pudiera perjudicales a ellos o a sus superiores. Todo ello a pesar de que la obligación de inscribir dichos estudios, añade la investigación, "era una operación absolutamente reglada e inexcusable".

El segundo delito obedecería al hecho de que CiU encargó una encuesta para conocer la incidencia electoral entre sus votantes de la decisión gubernamental de no renovar diversas frecuencias radiofónicas a la cadena Cope.

La investigación ha descubierto numerosas irregularidades en los procesos de contratación de estos informes, que tuvieron un coste total superior a los 545.000 euros. En uno de ellos, en concreto el que se realizó para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el debate de política general de 2001, ni siquiera se ha hallado el expediente de contratación.

El tripartito ha remitido su informe a la fiscalía de Barcelona, después que así se lo pidiera su máximo responsable, José María Mena. El fiscal había abierto diligencias sobre este caso tras la difusión de la polémica por parte de algunos medios de comunicación.