Archivada la causa penal por el derrumbe en el que murió un menor

El juez de instrucción número 1 de Cádiz, Jorge Israel Bartolomé, ha dictado un auto en el que ordena el sobreseimiento provisional del caso del derrumbe de la antigua Academia de Artillería, que causó la muerte de un menor, de 15 años. Tras 26 meses de diligencias, el magistrado archiva esta causa al no encontrar indicios de delitos en la actuación de los responsables municipales implicados.

El teniente de alcalde de Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, fue imputado inicialmente por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, y el secretario municipal, Antonio Ortiz Espinosa, como presunto autor de un delito de encubrimiento al no facilitar supuestamente algunos informes relacionados con este siniestro que solicitó para la instrucción del caso.

La antigua Academia de Artillería, de propiedad municipal, se desplomó parcialmente el 16 de enero de 2004. En el derrumbe murió Manuel Gallardo Selma, de 15 años, y resultaron heridos otros dos menores. Según denunció el PSOE y los familiares de la víctima, el Ayuntamiento de Cádiz cedió y permitió el uso de estas instalaciones a varias asociaciones sin contar con un informe técnico previo de seguridad y sobre el estado de la estructura.

El juez considera que no hay indicios de delito y archiva la causa porque los informes sobre el edificio accidentado no reflejaron deficiencias estructurales. Con todo, según fuentes jurídicas cercanas al caso, el juez cuestiona en el auto la actuación del secretario municipal del que llega incluso a afirmar que tuvo una conducta "desleal" con el Juzgado número 1 de Cádiz en el envío de la información requerida por este tribunal.

Fuentes cercanas a la familia de la víctima anunciaron ayer que recurrirán el auto judicial. Los familiares emprenderán también la vía contenciosa administrativa para reclamar al Ayuntamiento de Cádiz una indemnización por posible responsabilidad patrimonial.

El concejal de Urbanismo, José Loaiza, mostró su satisfacción por el archivo de una causa en el que su compañero de Corporación José Blas Fenández recurrió a su condición de aforado como senador para declarar ante el Tribunal Supremo, aunque finalmente este tribunal devolvió las diligencias a la Audiencia de Cádiz.

Loaiza sostuvo que el juez ha dado la razón al PP, que defendió siempre la existencia de informes en los que no se detectó ninguna deficiencia estructural.

El grupo socialista reiteró en numerosas ocasiones que el gobierno local fue "negligente" por no controlar y vigilar los accesos a la zona. El portavoz del PSOE, Rafael Román, dijo respetar la decisión judicial aunque reiteró su petición de responsabilidades políticas.