Eterna reforma

Pendiente desde hace cuatro legislaturas, la reforma de la ley de financiación de los partidos emerge de nuevo. Desde hace un año existe una proposición de ley presentada por ERC y apoyada en su momento por IU y los socialistas, cuya tramitación ha ido aplazándose, como decayeron otras propuestas anteriores. Los socialistas se han comprometido a ultimar la reforma antes del verano.

El obstáculo principal para el acuerdo vienen siendo desde hace años las donaciones anónimas, especialmente significativas en los partidos nacionalistas: suponen más del 50% de los ingresos de Unió Democràtica y en torno al 25% de los de Convergència y el PNV. El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley, viene advirtiendo año tras año sobre la imposibilidad de saber si se respeta el límite máximo autorizado para cada donación privada si se admite la posibilidad de que sean anónimas: si no se exige la identificación, una misma persona puede donar esa cantidad varias veces al año.

Otra cuestión polémica es la de las donaciones de empresas, aunque no sean anónimas. La ley actual, de 1987, limita la prohibición a las que contratan con la Administración. La propuesta de ERC sólo admite donaciones de personas físicas. El argumento es que, contrate o no, cualquier donación empresarial será sospechosa de pretender un trato de favor; en materia fiscal, por ejemplo. Pero lo mismo podría suponerse de donaciones de personas físicas si se tratase de propietarios de negocios. La propuesta de ERC pone el acento en la transparencia: deberá quedar constancia de la identificación personal y fiscal del donante.

La derecha ha solido considerar excesivas tales suspicacias, argumentando que también es malo que los partidos dependan exclusivamente del Estado para subsistir. Pero el PP está de acuerdo en suprimir las donaciones anónimas, aunque es partidario de elevar el tope máximo de las personales. Ese tope es de 60.000 euros según la ley de 1987, y ERC propone rebajarlo a la mitad. Otra novedad de la propuesta es la atribución al Tribunal de Cuentas de capacidad sancionadora para las infracciones, algo sorprendentemente ausente de la ley vigente. También será polémico el tratamiento de las condonaciones de deudas bancarias o de sus intereses. El PP propone que se consideren donaciones y se vean sometidas a las limitaciones correspondientes.