El Gobierno obligará a reducir las comisiones por cancelación de hipoteca

Los ciudadanos que quieran cambiarse de hipoteca tendrán menor penalización a partir de 2007. El Gobierno va a obligar a las entidades de crédito a reducir las comisiones que aplican cuando el cliente cancela anticipadamente el total de su hipoteca. El Ejecutivo, que no concretó en qué consistirán las medidas, pretende fomentar el paso de las hipotecas de tipo variable (el 85% de las existentes) a las que combinen una parte fija y otra variable. El motivo es que las previsibles subidas de tipos (el Euríbor ya está en 3,1%) perjudican a los créditos con tipo variable. Además, regulará las condiciones de la hipoteca inversa.

El Gobierno teme el impacto que las próximas "subidas moderadas de tipos de interés", en palabras del vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, puedan tener en las familias. Para tratar de amortiguar esos efectos, el Consejo de Ministros estudió ayer una serie de medidas para mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario que faciliten el paso de un préstamo a otro y mejoren la información que el cliente recibe. Las medidas hipotecarias se concretarán en breve en un proyecto de ley, según anunció Solbes en la conferencia de prensa posterior al Consejo.

El objetivo es fomentar que una buena parte de los consumidores que ahora tienen hipoteca a tipo variable (el 85% del total y el 99% de las nuevas hipotecas) opten por una fórmula mixta sin una penalización tan fuerte como la que existe en la actualidad. Un ciudadano que quiera cancelar su hipoteca en su totalidad debe abonar un 0,5% del capital pendiente de pago si el préstamo se suscribió a partir de 1997. Para las firmadas con anterioridad, la comisión es del 1%. El Gobierno pretende que esta comisión sea inferior, aunque aún no ha definido cuánto.

También se reducirán los costes arancelarios por constituir una hipoteca. Los consumidores, además, deberán contar con información más transparente sobre los efectos que una subida de tipos puede provocar en sus créditos. Y las entidades de tasación tendrán que actuar de manera más independiente al calcular el valor de los inmuebles. Todas estas medidas constituyen una segunda entrega del plan de dinamización que aprobó el Gobierno hace un año.

Respecto al mercado hipotecario, el Consejo de Ministros puso también la primera piedra para fomentar la hipoteca inversa, un instrumento que permite a las personas mayores propietarias de un piso poner su casa a disposición del banco, sin desprenderse de ella, a cambio de una especie de pensión. El Ejecutivo regulará las condiciones en que pueden ofrecerse estos productos, hasta ahora casi inexistentes en el mercado español. También se fijarán los requisitos de los seguros de dependencia (garantizan determinados servicios a los jubilados).

Control del gasto

Estas medidas, como otras programadas ayer por el Gobierno, pretenden mitigar los dos principales problemas de la economía española: la inflación y el déficit exterior. Para no añadir mayores tensiones inflacionistas, el gasto contenido en el Presupuesto de 2007 crecerá en línea con el crecimiento del PIB nominal.

En el mercado energético, la medida más importante es que la tarifa eléctrica desaparecerá progresivamente para todos los consumidores excepto para los hogares. La idea es que las empresas negocien lo que pagan a los suministradores de energía con precios más ajustados al mercado. Las familias, más vulnerables, se regirán por la tarifa.

Se producirá asimismo la completa separación de las actividades de gestión de redes y de comercialización de la energía. El vicepresidente está decidido a acabar con los polémicos costes de transición a la competencia que las eléctricas han cobrado durante años. "Ha llegado el momento de darle cierre", señaló Solbes, aunque deja abierta la posibilidad de modificarlos, en lugar de eliminarlos del todo.

Para incentivar el mejor uso del agua, se crearán bancos públicos que reasignen los derechos de agua hacia usos productivos. También se reformarán las leyes de aguas subterráneas para controlar su uso y calidad.

Una parte de las medidas afecta al mercado ferroviario. El Gobierno acelerará en el primer semestre del año el proceso de competencia en el transporte de mercancías. Se separarán definitivamente los activos del Adif (propietario de la red) y Renfe Operadora, compañía que presta el servicio, para evitar distorsiones en la competencia.