La ex mujer de Benavides declara que es víctima de una "trama política"
El juicio contra la ex mujer del alcalde de Almuñécar, Rosario González Hernández, quedó ayer visto para sentencia con la petición por parte de la fiscalía de cinco años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos. La acusada, que según el fiscal defraudó 26.757 euros en concepto de promoción turística del patronato sexitano, negó ayer ante el juez de la sección primera de la Audiencia de Granada cualquier tipo de responsabilidad y dijo ser víctima de una "trama política".
Según declaró la que fuera concejal del Ayuntamiento de Almuñécar, ella "sólo firmó los talones nominativos" de las subvenciones del Ayuntamiento sexitano al Patronato de Turismo, pero nunca los cobró ni "manejó una sola peseta". Según la acusada, el hecho de que se tratasen de cheques nominativos se debe a que "el interventor en funciones" lo decidió de ese modo. Éste, que declaró en calidad de testigo, aseguró "no haber detectado la existencia de irregularidades", que él se dedicaba sólo a contabilizar las facturas y que no tenía obligación de fiscalizar las cuentas.
Según el escrito de acusación, el Ayuntamiento de Almuñécar libró durante el ejercicio correspondiente a 1990 cheques nominativos por valor de 96.762 euros, dinero que fue recibido por la concejal de Turismo, también vicepresidenta del Patronato Municipal de Turismo.
Del total de esa cantidad no se produjo ingreso en la cuenta del Patronato de 26.757 euros, dinero defraudado según el Tribunal de Cuentas que analizó las irregularidades en su acta de liquidación provisional levantada con fecha 11 de mayo de 1999. Los intereses legales de dicha cantidad ascendían a 21.533 euros.
En el juicio declaró una letrada de la Cámara de Cuentas de Andalucía que se ratificó en el informe elaborado por ese órgano.
Por su parte, un perito de la defensa -interventor del Ayuntamiento en etapa posterior a los hechos enjuiciados- consideró que las aportaciones del Ayuntamiento a un organismo autónomo como el Patronato no tienen la consideración de subvenciones, sino de aportaciones, con lo que entiende que no son pagos a justificar.
Ese argumento es defendido por la defensa, que pidió la prescripción del delito -sobre lo que el tribunal se pronunciará en el fallo-, consideró que, en cualquier caso, no se habría incurrido en un delito de malversación de caudales públicos porque la ex edil "no tuvo nunca facultades dispositivas sobre los caudales del Ayuntamiento", sino de apropiación indebida, y pidió su absolución.
Defensa
El letrado de la defensa, Antonio Tastet, para quien existe un trasfondo "político" en el caso, entiende que si el Tribunal de Cuentas consideró prescrito el asunto en el ámbito administrativo, también debería ser así en la vía penal. Tastet explicó que la querella de la fiscalía se produjo después de que el que fuera alcalde de Almuñécar, el popular Juan Luis González Montoro, presentara otra denuncia por los hechos.
"Son ya 15 años de esta historia que salió faltando un mes para las últimas elecciones municipales, está claro que se trata de una cuestión política y estoy ya muy cansada de todo esto", dijo la acusada a la salida de la Audiencia de Granada.
