Esperanza Aguirre suprime el Consejo Audiovisual de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre (PP), acordó ayer la supresión del Consejo Audiovisual regional, una autoridad reguladora de las radios y televisiones de ámbito autonómico o local. Esta entidad estaba herida de muerte desde hace tres meses, cuando Aguirre anunció su intención de "eliminar cualquier órgano de control" de los medios.

La presidenta consideraba antidemocrático que un "órgano político" tuviera capacidad para decidir sobre la "veracidad y objetividad" de las informaciones. Expresó esta reflexión a raíz de la polémica desatada por el demoledor informe del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre la Cope, en el que afirmaba que la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal había vulnerado la libertad de expresión.

Creado en 2001 por Alberto Ruiz-Gallardón, el consejo madrileño será suprimido a través de un proyecto de ley de artículo único que se remitirá a la Asamblea, según explicó el vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González. Éste apostó ayer por la autorregulación y dijo que los medios "deben funcionar conforme a su propia regulación y al sometimiento de la ley y de los tribunales de justicia".

Manuel Núñez Encabo, miembro del Consejo Audiovisual de Madrid por el PSOE, afirmó que la supresión "contradice el proyecto expresado por la presidenta cuando se comprometió a reforzar la representatividad y las funciones" del consejo. También consideró que su eliminación va contra la directiva comunitaria de Televisión sin fronteras, que propone la creación de organismos independientes que velen por los contenidos éticos de los medios.

Modelos europeos

En la práctica, la autoridad madrileña está muy alejada de los modelos europeos. Empezando por su composición. Lejos de ser una entidad independiente del poder político (como en Francia, Reino Unido o Italia), es un apéndice el Ejecutivo regional. Está presidido por el propio González, y compuesto mayoritariamente por miembros del equipo de Gobierno.

Tampoco sus competencias son equiparables, ya que el consejo se limita a asesorar al Gobierno, emitir informes sobre la legislación audiovisual, recoger las demandas y sugerencias de los usuarios y velar por el respeto al pluralismo y los derechos fundamentales tanto en los contenidos como en la publicidad. Pero carece de funciones para sancionar a los medios y de capacidad para la adjudicación de licencias de radio y de televisión.

Para Núñez Encabo, en la Comunidad de Madrid existe "una absoluta impunidad de los medios en cuanto a sus contenidos. No hay un órgano que garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas".

El programa electoral del PP de 2004 recogía la creación de un Consejo Audiovisual y la promoción de "códigos de buenas prácticas" que favorezcan la información de los usuarios.