CiU propone endurecer las incompatibilidades del Consultivo

A raíz de la polémica de los informes encargados por el Gobierno tripartito catalán, que se saldó con la dimisión del presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos, por su implicación en el caso, CiU ha elaborado una propuesta de modificación de la ley que regula el organismo para endurecer el régimen de incompatibilidades de sus miembros.

La modificación que quiere introducir CiU busca que la ley explicite la incompatibilidad de los miembros del Consejo Consultivo con "actividades que impliquen la prestación de cualquier tipo de servicio o asesoramiento [en referencia a informes o dictámenes] en relación con las administraciones públicas catalanas o actividades privadas de naturaleza jurídica que afecten a intereses vinculados al sector público".

Precisamente durante los gobiernos de CiU, el abogado Agustí Bassols, quien entró a formar parte del Consejo Consultivo en julio de 1994 y ocupó la presidencia del organismo en junio de 2000, también elaboró 17 informes e incluso anteproyectos de ley para el Ejecutivo convergente, por los que cobró un total de 44.097 euros. Siete de los estudios fueron elaborados por su gabinete de abogados, al que los ejecutivos de Jordi Pujol pagaron 30.431 euros. Todos los estudios versan sobre leyes relacionadas con el derecho civil. De los 17 informes, 12 son anteproyectos de ley. El abogado redactó el primer estudio en 1995 y el último data de 2000.

La vicepresidenta del PSC, Manuela de Madre, consideró ayer que Tornos "hizo bien" en dimitir para garantizar la independencia del Consultivo. En una entrevista a Catalunya Ràdio, de Madre reconoció no haber visto "con simpatía" las noticias que implicaban a Tornos en la polémica de los informes del tripartito.