El juez impone a Otegi una nueva fianza de 250.000 euros para evitar la cárcel

El juez Grande-Marlaska decretó ayer prisión para el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, pero eludible con una fianza de 250.000 euros, que se suman a los 400.000 que ya tenía impuestos. Otegi, que comparecía en la Audiencia Nacional como inductor de los 108 actos vandálicos cometidos en la huelga general del 9 de marzo, fue trasladado anoche a la prisión de Soto del Real, hasta que deposite la fianza. En un auto de 25 folios, el juez cambió también la situación de Juan Mari Olano y Juan José Petrikorena y ambos podrán salir de la cárcel tras pagar 200.000 euros de fianza.

Los tres imputados por los incidentes de la huelga en el País Vasco tendrán que comparecer a diario en la comisaría de la Ertzaintza. El auto les prohíbe además abandonar territorio español.

La resolución causó profunda sorpresa en la Audiencia Nacional y entre los representantes de los medios de comunicación que seguían la noticia. Ni en el auto del juez, ni en el discurso del fiscal se mencionó en ningún momento el alto el fuego permanente de ETA, ni el papel que Arnaldo Otegi ha jugado como interlocutor y mediador para conseguir esa decisión, pero sin duda estuvo presente en la Audiencia.

De entrada, el fiscal modificó su anunciada postura de exigir la prisión incondicional del dirigente de Batasuna, por la de prisión eludible con fianza de 100.000 euros. Luego, el juez, en su resolución, llega a decir que se han incrementado los indicios racionales de criminalidad de Otegi y por tanto el riesgo de fuga, para, a continuación, señalar que ese riesgo y la posible reiteración delictiva se puede paliar con la fianza y las comparecencias ante la Ertzaintza. Por hechos más leves, hace una semana ordenó la prisión de Olano y Petrikorena.

Por ello, para ser coherente, el juez, al permitir a Otegi eludir la cárcel por hechos más graves, tuvo que rectificarse a sí mismo y decretar la libertad bajo fianza del jefe de Gestoras Pro Amnistía y del responsable de comunicación de Batasuna.

No deja de ser curioso que el propio juez diga: "Estas mismas medidas cautelares podrán garantizar, caso de verificarse nuevos hechos criminales en el entorno ETA-KAS-Ekin-Batasuna, así el denominado impuesto revolucionario, kale borroka como la verificada el 9 de marzo de 2006, analizar posibles participaciones del imputado; considerado en nuestras resoluciones como dirigente de ese entramado terrorista, y como tal con aptitud de capitalizar las intenciones criminales de otros miembros". Es decir, que el juez le anuncia que estará vigilante por si pudiera tener responsabilidad, dada su cualidad de dirigente, en cualquier actuación criminal achacable al entorno etarra.

Por lo demás el juez es muy duro respecto a la conducta de Otegi y tras recordar que está procesado por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, le considera inductor de distintos delitos de desórdenes públicos, coacciones, y estragos terroristas, o sea, los actos vandálicos de la jornada de huelga convocada por Batasuna para protestar por las muertes de los presos de ETA Igor Angulo y Roberto Sainz.

El magistrado llega a decir que se consolidan los "indicios de criminalidad" contra Otegi y de su "actuación como inductor en los hechos verificados el 9 de marzo. Y en concreto, de cómo obedecieron a una decisión adoptada primeramente por el frente militar (ETA), y posteriormente asumida, dirigida y coordinada por los frentes político-institucional y de masas del entramado terrorista y de los cuales, Arnaldo Otegi, forma parte integrante, y como éste último, participó en la decisión finalmente adoptada y asumió los resultados criminales".

Durante su comparecencia ante el juez, Otegi no quiso contestar a preguntas de ningún tipo y se limitó a hacer una declaración en la que señaló que es político, y que su ánimo no ha sido ligar su futuro a los acontecimientos que han sucedido. "En términos humanos", dijo, "todos sabemos que construir un modelo de soluciones y de paz es muy difícil, pero estoy absolutamente convencido de que estamos ante una oportunidad real de solucionar los problemas". Añadió que "el sufrimiento existe en todas las partes, y que hay que entender que este es un entramado muy delicado, y que por ello hay que tener en cuenta que apenas hemos empezado a construir un proceso de solución", según el auto.

Los abogados de la AVT y de Dignidad y Justicia solicitaron la prisión incondicional para Otegi, y su abogada defensora, Jone Goirizelaia, se opuso a todas las peticiones y reclamó la libertad de su cliente.

Otegi llegó a la Audiencia a las 17.15, acompañado por un nutrido grupo de simpatizantes, pero la policía impidió el acceso de todos a la sede judicial, a excepción del dirigente de Batasuna y de sus abogados Jone Goirizelaia, Arantza Zulueta y Zigor Reizabal. Mientras Otegi caminaba por la calle de García Gutiérrez, un grupo de una veintena de ultraderechistas que portaba una bandera española preconstitucional y símbolos falangistas y que estaba situado en la calle de Génova, al otro lado del cordón policial, le increparon con gritos de "asesino", al tiempo que le lanzaban objetos como una botella de agua o mecheros.

Otegi sonrió, saludó puño en alto y siguió su camino hasta la entrada de la Audiencia. Los ultraderechistas -que previamente habían coreado consignas como "euskal presoak, cámara de gas"-, frustrados, la emprendieron entonces con los fotógrafos y cámaras de televisión a algunos de los cuales agredieron.