Bruselas quiere bajar más del 40% la tarifa del móvil entre países de la UE

La Comisión Europea considera abusivos los precios que se aplican a las llamadas realizadas desde el extranjero con teléfonos móviles, la llamada itinerancia. El objetivo es conseguir un recorte de entre el 40% y el 60% en las tarifas aplicando el principio del país de origen: un español que viaje por otro país de la UE y haga una llamada local con su móvil pagaría lo mismo que por una llamada desde España.

"Sólo se da uno cuenta de que todavía existen fronteras en Europa cuando utiliza el móvil", dijo ayer la comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding. "He dicho en varias ocasiones a los operadores que deben bajar los precios, pero parece que tienen dificultades para entender", indicó.

Ahora lo van a entender porque en juego hay buena parte de los 10.000 millones de euros que cada año mueven por la itinerancia las compañías de móviles europeas, entre el 7% y el 10% de su facturación global.

Lo que se busca es una reducción en los costes que se aplican al por mayor los interoperadores (lo que paga una compañía a otra por el uso de su red) y obligar a que esa reducción repercuta sobre las tarifas al consumidor.

Se pretende también acabar con las facturas por llamadas de itinerancia recibidas en cualquier país de la Unión y, sobre todo, introducir el principio del precio nacional: se pagará con la tarifa local del país de origen las llamadas locales realizadas allí donde se esté y se aplicará la tarifa internacional contratada en el propio país cuando se hagan llamadas internacionales desde el exterior.

Bruselas ha podido establecer variaciones de facturación que oscilan, para una llamada estándar de cuatro minutos, entre los 20 céntimos que un finlandés paga por llamar a su país desde Suecia y los 13,05 euros que le cuesta a un maltés llamar a la isla desde Letonia. Y ello pese a que los costes de itinerancia son prácticamente despreciables en ambos casos. El promedio en la UE para una llamada de cuatro minutos entre dos países ronda los cinco euros.

Pese a las advertencias de la comisaria, la mayoría de los precios se han mantenido estables y ha habido casos en que han subido, como ha ocurrido con Vodafone en España, que ahora carga 8,35 euros por llamadas realizadas desde Chipre y Letonia, cuando en septiembre eran 7,20.

"La Comisión tiene la responsabilidad de que los beneficios lleguen al consumidor", señaló Reding y como los Estados no pueden abordar en solitario la reforma en las tarifas porque hay otros países implicados, Bruselas se propone elaborar una nueva regulación de obligado cumplimento en los Veinticinco desde el mismo momento en que se apruebe, que podría ser para el verano de 2007.

Algunas compañías han venido advirtiendo de que la nueva política pondría en peligro su existencia, lo que la Comisión no termina de creerse. "No hay datos que lo prueben. No van a perder beneficios sino los beneficios excesivos que consiguen por sus excesos en las tarifas que aplican", comenta una fuente comunitaria. Según los cálculos de Bruselas, la ambicionada rebaja del 60% en las tarifas que se aplican entre sí las compañías podría traducirse en una rebaja de entre el 40% y el 60% para los consumidores.

El presidente de los reguladores europeos, el británico Kip Meek, reveló que sólo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el regulador español, no estuvo de acuerdo con las medidas propuestas. España recibe decenas de millones de turistas que, al usar sus móviles, permiten a las telefónicas españolas cargar a las de origen de los viajeros cantidades por el uso de la red, que no se ven compensadas por las que los mucho menos numerosos turistas españoles reportan a las compañías de sus países de destino cuando llaman a casa.

La CMT aclaró que esa oposición responde a que considera que la medida no será eficaz porque se trata de una rebaja de precios mayoristas (lo que se cobran las compañías entre sí), que no repercutirá en el usuario final.

La CMT pide que sean los reguladores nacionales los que establezcan esas tarifas mayoristas, y que Bruselas se encargue de regular y rebajar directamente las que paga el usuario final. Las tres compañías españolas tiene unos ingresos de cerca de 700 millones de euros por la itinerancia.